
En medio del tenso debate parlamentario por la situación del sistema previsional, el diputado del PRO, Gerardo Milman, presentó un proyecto para que los jubilados que cobran asignaciones por “zonas desfavorables” presenten una declaración jurada.
“Establécese como requisito obligatorio para acceder al cobro de asignaciones o adicionales previsionales vinculados a zona desfavorable en el régimen de jubilaciones y pensiones del Estado nacional, la presentación de una declaración jurada de residencia efectiva y la acreditación fehaciente de haber prestado servicios en dicha zona por un período no inferior a cinco (5) años inmediatos anteriores a la solicitud del beneficio”, reza el articulo principal del proyecto que ya ingresó al Congreso.
Así, la ANSES será la autoridad de aplicación y tendrá amplias facultades para “verificar la veracidad de la residencia efectiva y antecedentes laborales mediante controles cruzados, inspecciones, relevamientos y convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales”.
Además, podrá solicitar documentación adicional cuando existan dudas razonables sobre la autenticidad de los datos aportados. Y, por último, suspender cautelarmente los beneficios diferenciales ante la existencia de irregularidades hasta tanto se resuelva su situación definitiva.
En el texto de Milman se señala que “quedan exceptuados de esta ley los regímenes previsionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que ya contemplen un régimen diferencial específico por zona desfavorable, vinculado a las particularidades del servicio activo, su movilidad geográfica forzosa y los riesgos inherentes a su función”.
En los fundamentos, el diputado del PRO explicó que se trata de una problemática cada vez más creciente: “La existencia de personas que, sin residir efectivamente en las zonas geográficas establecidas como ‘desfavorables’, acceden a beneficios económicos significativos mediante mecanismos laxos de validación, generalmente limitados a la presentación de un Documento Nacional de Identidad con domicilio formal en dichas regiones”.
“Esta modalidad, de carácter meramente declarativo, no acredita fehacientemente la residencia habitual ni permite verificar de manera contundente la legitimidad del beneficio otorgado”, señaló.
Y subrayó: “Este proyecto no busca cercenar derechos ni desincentivar la radicación o el desarrollo de las zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Por el contrario, busca proteger el sentido y la finalidad de los regímenes de zona desfavorable, resguardando su integridad frente al uso fraudulento o abusivo que, a largo plazo, socava la credibilidad y la sostenibilidad del sistema en su conjunto”.
FA