
La tensión entre Javier Milei y las provincias entra en una nueva fase. Mientras el Presidente multiplica vetos para frenar cualquier norma con impacto fiscal, los gobernadores apuran en Diputados dos proyectos clave: coparticipar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles líquidos. Ambos ya tienen media sanción del Senado y podrían aprobarse antes de cerrar agosto.
Sin presupuesto 2025, el Gobierno pelea cada peso como si fuera una batalla cultural. Pero esa estrategia de ajuste quirúrgico ya le costó vetos a leyes que contaban con amplio respaldo, como la emergencia en Bahía Blanca, el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. El Congreso, lejos de retroceder, prepara ahora una ofensiva para tumbar esos vetos, como ya ocurrió el año pasado.
En el caso de los ATN, la propuesta prevé atender “emergencias y desequilibrios financieros” que golpean a varias provincias. El debate en Presupuesto está previsto para el próximo miércoles a las 12, mientras que por la tarde, en un plenario con Energía y Combustibles, se tratará la coparticipación de los tributos a la nafta y el gasoil. Los mandatarios acusan a Casa Rosada de incumplir acuerdos y de no distribuir recursos que antes sí llegaban, como el Impuesto PAIS.
El bloque libertario y el PRO oficialista ya anunciaron que rechazarán las iniciativas, aunque no todos los macristas seguirán esa línea. La relación entre Milei y parte del PRO es cada vez más áspera: legisladores amarillos denuncian “destrato” y pérdida de interlocución directa con el Presidente. El pacto político firmado hasta 2027 cruje antes de cumplir un año.
Los gobernadores, por su parte, apuestan a mantener la presión y cuentan con números fuertes: en el Senado, el proyecto de ATN obtuvo 56 votos a favor contra apenas uno en contra. El objetivo es que, si Milei veta, la oposición logre juntar los dos tercios para derribarlo. El calendario juega a favor: la fecha tentativa para discutir los vetos sería el 20 de agosto, justo después del cierre de listas nacionales.
Como contragolpe discursivo, el vocero Manuel Adorni anunció la baja de 110.000 pensiones no contributivas por supuestos incumplimientos de requisitos, retomando además las acusaciones contra exfuncionarios kirchneristas por corrupción. El Gobierno intenta así marcar agenda, pero el frente abierto con las provincias amenaza con dejarlo en minoría política antes de lo que imaginaba.