
El 13 de agosto de 2008, en un zanjón de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, fueron hallados tres cuerpos con signos de tortura, disparos a quemarropa y evidencias de haber sido maniatados. Se trataba de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), tres empresarios vinculados a la venta de medicamentos y suplementos farmacéuticos.
Su secuestro había ocurrido seis días antes, el 7 de agosto, y desde entonces familiares, medios y autoridades desplegaron una intensa búsqueda que terminó en uno de los casos policiales más resonantes de las últimas décadas.
El hallazgo no solo reveló un crimen mafioso de extrema violencia, sino que abrió la puerta a una compleja trama donde confluyeron el narcotráfico, el comercio ilegal de efedrina y supuestos vínculos con la política y el financiamiento de campañas electorales. La investigación judicial determinó que los tres hombres habían sido víctimas de una ejecución por disputas en el mercado de precursores químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas.
El caso derivó en un extenso proceso judicial. En 2012, Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci fueron condenados a prisión perpetua como autores materiales del triple crimen. Sin embargo, la historia no terminó allí: en 2015, los hermanos Lanatta y uno de los Schillaci protagonizaron una espectacular fuga del penal de General Alvear, lo que volvió a poner el caso en el centro de la agenda mediática y política.
El triple crimen dejó en evidencia fallas estructurales en los controles sobre la importación de sustancias químicas, expuso la penetración del narcotráfico en distintos sectores y abrió interrogantes que, para muchos, nunca terminaron de responderse.