
Durante las últimas tres semanas, el norte de Veracruz ha sido escenario de una ola de violencia sin precedentes atribuida a la llamada Mafia Veracruzana, también conocida como Grupo Sombra. Este grupo, surgido hace más de una década de escisiones del Cártel del Golfo y Los Zetas, ha impuesto un clima de terror que se refleja en asesinatos, extorsiones masivas y mensajes de amenaza exhibidos en la vía pública. Las comunidades afectadas viven bajo un miedo constante, con la vida cotidiana marcada por la incertidumbre y la desconfianza.
Los episodios más recientes incluyen homicidios de alto impacto, ataques contra taxistas, y hechos que han conmocionado por su crueldad. Uno de los casos más dramáticos fue el de Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada y taxista de 62 años, secuestrada y obligada a grabar un mensaje intimidatorio contra sus colegas. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida, un acto que dejó claro el control que este grupo ejerce sobre la región.
La Mafia Veracruzana mantiene presencia en zonas estratégicas como Poza Rica, Tuxpan y Álamo Temapache, extendiendo su influencia a comunidades rurales y urbanas. Su actividad se centra en la extorsión sistemática a comerciantes, taxistas, campesinos y pequeños negocios, quienes se ven forzados a pagar “cuotas” para poder operar. Según datos oficiales, solo el 0,2% de las víctimas se atreve a denunciar, por temor a represalias mortales.
Además del cobro de piso, el grupo utiliza tácticas de terror simbólico para reafirmar su dominio. Cuerpos desmembrados acompañados de narcomantas han sido abandonados en carreteras principales, enviando un mensaje claro tanto a rivales como a la población: la desobediencia no es una opción. Estas prácticas buscan sembrar miedo colectivo y paralizar cualquier intento de resistencia.
La escalada de ataques no se limita a las calles. Hace pocos días, un motín en el penal de Tuxpan dejó al menos siete presos muertos y más de diez heridos. La revuelta habría sido provocada por denuncias de extorsiones internas, lo que evidencia que el control del crimen organizado se extiende también a los centros penitenciarios. Las imágenes de la violencia se difundieron rápidamente, alimentando la percepción de que el Estado ha perdido autoridad en ciertas áreas.
Otro hecho alarmante ocurrió dentro de un hospital, cuando un sicario, haciéndose pasar por familiar, ingresó para rematar a un taxista que había sobrevivido a un atentado. En el ataque también murió el padre de la víctima, que intentó protegerlo. Este episodio ha sido interpretado por expertos como una señal de que las organizaciones criminales operan con una impunidad casi absoluta.
La gobernadora Rocío Nahle ha sostenido que la muerte de Irma Hernández se debió a un infarto asociado al estrés del secuestro, versión que generó críticas de familiares y defensores de derechos humanos. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el hecho como homicidio y respaldó los operativos que derivaron en la captura de varios sospechosos. Sin embargo, organizaciones civiles insisten en que la respuesta gubernamental ha sido reactiva y sin un plan integral.
El Gobierno federal anunció la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que promete reforzar las capacidades de investigación y atención a víctimas. No obstante, especialistas en seguridad advierten que, sin una política sostenida y presencia permanente de las fuerzas de seguridad, este tipo de episodios seguirán repitiéndose. La percepción de inseguridad en el norte de Veracruz continúa en aumento.
El miedo ha modificado las dinámicas de las comunidades. Comerciantes cierran antes del anochecer, los taxis circulan con cautela y muchos prefieren no hablar del tema para evitar represalias. Las familias viven bajo la constante tensión de convertirse en las próximas víctimas, mientras que los jóvenes ven cada vez menos oportunidades fuera de la economía ilegal.
En este contexto, la confianza en las autoridades es mínima. La población percibe que, pese a los anuncios, la impunidad sigue siendo la norma, y que el costo de denunciar supera cualquier posible beneficio. Así, el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia colectiva.
La violencia en el norte de Veracruz refleja una tendencia más amplia de penetración criminal en estructuras sociales y estatales. El caso de la Mafia Veracruzana ilustra cómo grupos locales pueden consolidar un poder paralelo capaz de disputar el control territorial al Estado. Este escenario obliga a replantear las estrategias de seguridad, priorizando la protección de las comunidades sobre los anuncios políticos.
Si bien las acciones recientes del gobierno buscan contener la crisis, su éxito dependerá de la capacidad para sostener el esfuerzo y garantizar que los responsables enfrenten justicia. De lo contrario, la región podría seguir atrapada en un ciclo de violencia y miedo que, hasta ahora, parece no tener fin.