
El presidente Donald Trump ha lanzado un mensaje claro a las universidades públicas: el incumplimiento de las leyes federales antidiscriminatorias tendrá consecuencias millonarias. Su administración exigió a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) un acuerdo de 1.000 millones de dólares como condición para restablecer 584 millones en fondos federales suspendidos. La medida responde a lo que el gobierno considera una falta de acción frente a incidentes de antisemitismo y hostigamiento contra estudiantes judíos durante las protestas propalestinas de 2024.
Según el Departamento de Justicia, UCLA no garantizó un entorno seguro ni respetó los derechos civiles de sus estudiantes, incumpliendo normativas federales que obligan a las instituciones a actuar ante conductas discriminatorias. Para la administración Trump, la sanción busca enviar un mensaje ejemplar a todas las universidades que toleren violaciones similares.
Trump ha defendido que esta acción no es un ataque a la libertad académica, sino una defensa de la integridad del sistema educativo y de los derechos de las minorías religiosas. "Ninguna institución que reciba dinero de los contribuyentes puede permitir el acoso o la discriminación", sostuvo un portavoz de la Casa Blanca.
El caso de UCLA se convierte en el primero de este tipo contra una universidad pública, después de que instituciones privadas como Columbia y Brown llegaran a acuerdos de 220 millones y 50 millones de dólares respectivamente. La diferencia de montos refleja, según el gobierno, la gravedad de las faltas cometidas y el tamaño del sistema de la Universidad de California.
El gobernador demócrata Gavin Newsom calificó la medida de "extorsión política" y aseguró que California no cederá. Sin embargo, funcionarios federales insisten en que el proceso es legal, transparente y amparado por la ley federal, y que las negociaciones incluyen la posibilidad de reducir la cifra si UCLA implementa medidas inmediatas y verificables para prevenir futuros incidentes de antisemitismo.
Para la administración Trump, la negativa de Newsom solo prolonga un conflicto que podría resolverse con compromisos claros de la universidad en materia de seguridad y derechos civiles.
Expertos señalan que esta acción podría marcar un precedente para que otras instituciones educativas revisen de manera urgente sus protocolos contra la discriminación. La Casa Blanca argumenta que la magnitud de la multa no solo busca resarcir daños, sino disuadir futuras omisiones en la protección de comunidades vulnerables.
El gobierno también sostiene que esta estrategia es coherente con su compromiso de reforzar la rendición de cuentas en universidades financiadas con recursos públicos. "No se trata de política, sino de principios", afirmó un alto funcionario.
La disputa entre Trump y UCLA refleja un choque de visiones sobre los límites de la autonomía universitaria frente a las obligaciones legales. Mientras sus críticos lo acusan de usar el poder federal para fines políticos, sus defensores ven en esta medida una respuesta contundente contra el antisemitismo y una oportunidad para elevar los estándares de seguridad y derechos civiles en la educación superior.