Cristina Kirchner y el plazo que se agota: ¿qué pasará con los fondos de Vialidad?

A pocas jornadas del vencimiento del plazo para devolver más de 530 millones de dólares, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad mantienen una actitud de dilación que prolonga la incertidumbre sobre la recuperación efectiva de esos fondos. La falta de cumplimiento a la orden judicial refuerza la impresión de impunidad en sectores ligados al poder político y económico.

La Corte Suprema, por su parte, intenta avanzar en el proceso con una acordada que abre una puerta inesperada: destinar parte de los bienes incautados al uso institucional, especialmente para sus propias oficinas o para el Consejo de la Magistratura. Esta maniobra parece buscar un equilibrio entre la ejecución de la sentencia y la preservación del patrimonio público en tiempos de crisis económica y judicial.

La lista de inmuebles que podrían ser subastados incluye departamentos de lujo en Puerto Madero, propiedades en la Patagonia y otros bienes que, aunque oficialmente pertenecen a la ex mandataria y sus familiares, están atados a múltiples causas judiciales y maniobras legales que buscan proteger el patrimonio. Esta maraña legal pone en evidencia las dificultades estructurales para avanzar en la efectiva restitución de los fondos públicos.

Mientras tanto, la estrategia política de la oposición judicializada y la defensa mediática de la expresidenta buscan diluir la percepción del daño causado y relativizar la sentencia que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Este juego político-judicial tensiona aún más la institucionalidad argentina y pone a la Justicia en el centro de la pulseada de poder.

Además, la acordada de la Corte contempla la cesión temporal de bienes a provincias o municipios para programas sociales, un guiño que busca dar una salida "socialmente aceptable" al conflicto patrimonial, pero que también podría ser interpretado como una dilución de la sanción efectiva.

El caso Vialidad, emblemático por la magnitud del perjuicio al Estado y la figura involucrada, pone a prueba la fortaleza del sistema judicial y la voluntad política para hacer cumplir sentencias. El próximo 13 de agosto no solo vence un plazo, sino que también se define hasta dónde llegará la justicia frente a la impunidad que parece gozar el poder real en Argentina.