
El Gobierno espera que el tribunal acepte la medida cautelar que presentó para suspender el traspaso, lo que le daría más tiempo para apelar la sentencia de US$ 16.100 millones. Pero si la Corte rechaza el pedido, la jueza Loretta Preska podrá avanzar con la ejecución y ordenar que el paquete accionario pase a manos de los demandantes.
Burford Capital, fondo que financió la demanda, ya adelantó que no liquidará de inmediato las acciones como “gesto de buena fe”, aunque la presión legal se mantendría. En caso de no cumplir el fallo, el país quedaría expuesto a embargos sobre reservas del Banco Central, restricciones en los mercados de deuda e incluso medidas directas contra YPF.
Existe un tercer escenario: que la Corte acepte la suspensión, pero disponga que el pago se realice con otros activos —como bonos de mediano o largo plazo— en lugar de las acciones.
La decisión que se conozca hoy no resolverá el juicio de fondo, pero definirá si la Argentina conserva, al menos por ahora, el control accionario de su principal petrolera o si inicia una negociación contrarreloj para evitar perderlo.