
La Cámara de Diputados se encamina a un nuevo round político por la causa $LIBRA, la millonaria criptoestafa que incomoda al Gobierno. Luego de semanas de bloqueo por parte de La Libertad Avanza y el PRO, la oposición buscará modificar el reglamento para destrabar la designación de autoridades en la comisión investigadora y quedarse con su presidencia. El objetivo: reactivar las pesquisas que podrían salpicar directamente al círculo más cercano del presidente Javier Milei.
La iniciativa fue presentada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y cuenta con el respaldo del grueso opositor. El cambio es simple pero decisivo: en caso de empate, la presidencia quedará para el candidato respaldado por los bloques con mayor peso numérico en la Cámara. De aprobarse, el oficialismo perdería la posibilidad de seguir cajoneando el tema y quedaría en minoría frente a un frente opositor alineado en este caso puntual.
La maniobra oficialista para frenar la investigación no es menor. Desde el 8 de abril, cuando la comisión fue creada con 128 votos a favor, el proceso quedó paralizado por un empate 14 a 14 en la elección de autoridades. Mientras tanto, el Gobierno buscó blindar a funcionarios clave como Karina Milei, Luis “Toto” Caputo y Manuel Adorni, todos en la lista de posibles citados por la investigación.
El trasfondo político es claro: la causa $LIBRA es un terreno peligroso para Milei. El escándalo no solo implica la posible vinculación de operadores libertarios en la maniobra, sino que expone un flanco ético en un gobierno que se presenta como adalid de la transparencia. Blindar la investigación sería evitar un daño político que, en un Congreso fragmentado, podría costar caro.
La discusión reglamentaria es, en realidad, una pulseada por el control de la agenda. Si la oposición logra imponer su criterio en la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, prevista para este miércoles a las 17, el tema podría llegar al recinto el 20 de agosto. A partir de allí, la comisión tendría vía libre para citar a funcionarios y exigir documentación, abriendo una caja de Pandora para la Casa Rosada.
Para el oficialismo, el riesgo es doble. Por un lado, una comisión opositora podría marcar la agenda mediática en plena campaña. Por el otro, la resistencia a investigar refuerza la narrativa de que Milei aplica en política un doble estándar: predica la honestidad pero protege a su entorno cuando el escándalo amenaza con alcanzarlo. Y en la política argentina, esa percepción puede ser tan letal como las pruebas mismas.