Diputados debaten el polémico DNU que habilita cortes de agua por falta de pago

En medio de fuertes posiciones de asociaciones de consumidores, defensorías del pueblo y representantes municipales, la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados analizó el reciente DNU 493/2025, que modifica el marco regulatorio del servicio de provisión de agua y saneamiento en el área atendida por AySA. La norma faculta a la empresa estatal a cortar el suministro de agua potable a usuarios residenciales con facturas impagas durante 60 días.

La presidenta de la comisión, Carolina Yutrovic (UxP), abrió el debate advirtiendo que “el agua es un derecho humano y no se puede tratar como una mercancía más”. Cuestionó que se habilite el corte del servicio “en medio de la situación económica que atraviesan la mayoría de los hogares argentinos” y reclamó que el Congreso intervenga.

Desde la asociación DEUCO, Pedro Bussetti consideró “grave” que la decisión se haya tomado por decreto y sin debate legislativo. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, sostuvo que la medida “afecta a personas con discapacidad, adultos mayores y niños” y que “no resuelve la morosidad”.

Otras voces advirtieron sobre impactos sanitarios, riesgo de privatización encubierta y eliminación de controles de calidad del agua. María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, reclamó inversiones estatales y advirtió que una eventual gestión privada trasladaría los costos “a quienes menos tienen y no pueden pagar”.

El debate dejó en claro que el cambio regulatorio no solo abre un frente judicial y político, sino que también podría generar conflictos sociales si se avanza con cortes masivos en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo.