Corrupción en Pemex: el caso que sacude a la petrolera mexicana

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, dos empresarios mexicanos acusados de sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex). Según la investigación, entre 2019 y 2021 entregaron dinero en efectivo, artículos de lujo y otros beneficios para obtener contratos millonarios de la empresa estatal.

De acuerdo con el expediente, los sobornos sumaron aproximadamente 150.000 dólares, incluyendo relojes de alta gama, bolsos de diseñador y otros obsequios costosos. A cambio, los funcionarios de Pemex y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP) habrían manipulado procesos de licitación para favorecer a compañías vinculadas a los acusados.

Modus operandi de la red de sobornos

Las autoridades estadounidenses sostienen que Rovirosa y Ávila utilizaron intermediarios y reuniones privadas para concretar los pagos ilícitos. Parte de las transacciones se realizó en territorio estadounidense, lo que permitió aplicar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), norma que prohíbe a ciudadanos y residentes de EE.UU. participar en actos de corrupción fuera de su territorio.

La estrategia, según el Departamento de Justicia, les permitió obtener al menos 2,5 millones de dólares en contratos con Pemex. El esquema incluía la entrega de obsequios de lujo como relojes Hublot y accesorios Louis Vuitton, que se habrían ofrecido como incentivos directos a los funcionarios involucrados.

Situación legal de los implicados

Rovirosa Martínez fue detenido y presentado ante un tribunal federal en Texas, donde se le leyeron los cargos de conspiración y violación sustantiva de la FCPA. Por cada uno de ellos podría enfrentar hasta cinco años de prisión y cuantiosas multas.

En contraste, Mario Alberto Ávila Lizárraga permanece prófugo de la justicia. Las autoridades han emitido una orden de captura internacional y señalan que el empresario podría encontrarse en México, aunque no se descartan otros destinos.

Repercusiones para Pemex

El caso vuelve a colocar a Pemex en el centro de un escándalo de corrupción, una situación que se ha repetido en los últimos años con casos como el de Emilio Lozoya y la trama de Odebrecht. Estas prácticas han afectado la credibilidad de la petrolera y han reforzado su imagen como una empresa vulnerable a la infiltración de intereses privados.

Para analistas en materia de energía y transparencia, el escándalo evidencia fallas sistémicas en los mecanismos de control interno de la compañía. También reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer la supervisión en empresas estatales que manejan recursos estratégicos.

Respuesta oficial y contexto internacional

El fiscal interino Matthew R. Galeotti afirmó que este proceso busca enviar un mensaje claro contra la corrupción trasnacional. “No se tolerará que funcionarios y empresarios utilicen posiciones de poder para obtener ventajas ilegales a costa de la competencia justa”, declaró.

Este tipo de investigaciones forma parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos por aplicar la FCPA contra casos que involucran a empresas públicas extranjeras. México, por su parte, no ha emitido aún una postura oficial sobre las acusaciones ni sobre las posibles sanciones internas contra los funcionarios implicados.

Entre 2019 y 2021 directivos de Pemex recibieron sobornos en efectivo cerca de la Torre de la empresa en CDMX , así como en Campeche.

Todo ello para manipular auditorías, agilizar pagos pendientes y ayudar con contratos.

Más info en @EntornoMexico_ : https://t.co/dW5ZCzR8XT pic.twitter.com/zKGTz6JBfx

— Arturo Ángel (@arturoangel20) August 12, 2025

La corrupción persiste 

El caso confirma que la corrupción en Pemex no es un problema aislado, sino un fenómeno estructural que ha sobrevivido a cambios de gobierno y reformas internas. La intervención de autoridades estadounidenses demuestra que el combate a estas prácticas trasciende fronteras cuando hay intereses financieros y operaciones en territorio extranjero.

Sin embargo, la eficacia de este tipo de procesos dependerá de la cooperación entre ambos países y de la voluntad política para sancionar a los involucrados. Si México no complementa las acciones judiciales de EE.UU. con medidas internas contundentes, el mensaje de cero tolerancia podría quedarse a medias.