
Uruguay aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley "Muerte Digna", que regularía la eutanasia y el suicidio asistido para personas con enfermedades terminales incurables y sufrimiento extremo. La iniciativa, respaldada por una mayoría amplia y diversa, busca garantizar el derecho a decidir el momento y las condiciones de la propia muerte, bajo estrictos protocolos médicos y legales.
La votación del 12 de agosto de 2025 concluyó con 64 votos a favor y 29 en contra, reflejando el apoyo transversal a la propuesta, impulsada por el Frente Amplio con respaldo de legisladores de los partidos Nacional y Colorado. De ratificarse en el Senado, Uruguay sería el primer país de América Latina en aprobar la eutanasia por vía legislativa.
La norma establece que cualquier persona mayor de edad, con plenas facultades mentales y una enfermedad terminal incurable que provoque sufrimiento insoportable podrá solicitar la eutanasia. El diagnóstico deberá ser confirmado por dos médicos y, ante discrepancias, se convocará a una junta médica.
Se prevé la creación de una Comisión Nacional de Evaluación y Seguimiento, integrada por profesionales de la salud, juristas y especialistas en bioética, encargada de supervisar cada caso y garantizar el cumplimiento de los requisitos.
Defensores del proyecto lo consideran un avance en derechos y autonomía personal, comparable a la legalización del aborto o el matrimonio igualitario. Argumentan que ofrece una opción digna para quienes enfrentan un sufrimiento irreversible.
Por otro lado, opositores plantean preocupaciones éticas y morales, señalando la dificultad de asegurar que la decisión esté libre de presiones. Sectores religiosos y conservadores insisten en que la vida es un valor inviolable.
En la región, Colombia y Ecuador permiten la eutanasia, pero a través de fallos judiciales, no de leyes parlamentarias. De aprobarse, Uruguay sentaría un precedente legislativo con un marco jurídico regulado.
En el ámbito internacional, países como Bélgica, Países Bajos, Canadá y España cuentan con legislaciones similares, aunque con diferencias en requisitos y procedimientos.
Acabo de fundamentar mi voto afirmativo a la Ley de Eutanasia.
— Elianne Castro (@Nanecp) August 13, 2025
No es una ley de muerte: es una ley de libertad y dignidad. La vida es tan valiosa, que no pertenece al Estado sino a quien la vive.
Uruguay vuelve a estar a la vanguardia de los derechos humanos. pic.twitter.com/vBrA3R9f6H
La Cámara alta debatirá el proyecto antes de fin de año. Si se aprueba, la reglamentación entraría en vigor en 2026. Organizaciones civiles y médicas ya trabajan en protocolos y capacitaciones para su implementación.
Este avance refleja la tendencia global hacia la ampliación de derechos vinculados a la autonomía personal, manteniendo un debate abierto entre libertades individuales y valores morales. Uruguay podría convertirse en un referente bioético regional si la ley entra en vigor.