Chile avanza hacia un cambio histórico: el cuidado como derecho constitucional

En Chile, el debate sobre el derecho al cuidado ha pasado de ser una demanda de organizaciones feministas y de la sociedad civil a convertirse en una propuesta legislativa concreta. La iniciativa pretende incorporar el cuidado como un derecho fundamental en la Constitución, reconociendo su papel esencial para el bienestar de las personas y el funcionamiento de la sociedad. Se trata de un cambio que busca romper con la visión tradicional que lo relega al ámbito privado y femenino.

Actualmente, millones de personas, en su mayoría mujeres, asumen labores de cuidado no remuneradas, lo que impacta directamente en su autonomía económica y en su participación social. El proyecto pretende que el Estado tenga la obligación de garantizar servicios, infraestructura y apoyo para el cuidado, asegurando que sea una responsabilidad compartida y no una carga individual.

Un cambio estructural en la política social

El reconocimiento legal del derecho al cuidado se enmarca en un proceso más amplio de reformas sociales que Chile viene discutiendo desde hace años. El objetivo no es solo brindar apoyo a quienes cuidan, sino también reconocer el valor económico y social de estas tareas, que representan un aporte sustancial al PIB y al desarrollo humano del país.

Expertos advierten que, para que la norma sea efectiva, se requerirá una inversión sostenida en centros de día, programas de apoyo domiciliario y capacitación de cuidadores. Sin estos mecanismos, el derecho podría quedar en el papel sin transformar realmente la vida de las personas.

Impacto en la igualdad de género

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su potencial para reducir las brechas de género. Al redistribuir las tareas de cuidado y garantizar que el Estado participe activamente, se podría favorecer la inserción laboral femenina y equilibrar las oportunidades entre hombres y mujeres.

Organizaciones feministas y de derechos humanos han respaldado la iniciativa, señalando que representa un paso hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y equitativo. Sin embargo, también insisten en que deberá acompañarse de campañas culturales para desmontar estereotipos y promover la corresponsabilidad.

Desafíos de implementación

A pesar del amplio respaldo social, la implementación del derecho al cuidado enfrentará obstáculos financieros y administrativos. La creación de una red nacional de servicios requerirá coordinación interministerial, fortalecimiento de gobiernos locales y un presupuesto estable.

Algunos sectores políticos han mostrado reservas, argumentando que la medida podría generar presiones fiscales significativas. Sin embargo, defensores del proyecto subrayan que el costo de no actuar es mayor, ya que perpetúa desigualdades y limita el potencial productivo del país.

Proyecciones y efectos a largo plazo

Si se aprueba, el reconocimiento del derecho al cuidado podría transformar la manera en que el Estado y la sociedad entienden el bienestar. Se espera que mejore la calidad de vida de millones de personas y que tenga un efecto positivo en indicadores de salud, educación y productividad.

Además, la medida podría servir como referencia para otros países de la región, que enfrentan desafíos similares en materia de cuidados y envejecimiento poblacional. De este modo, Chile se posicionaría como pionero en la consolidación de este derecho en América Latina.

La Corte IDH reconoció por primera vez el derecho humano al cuidado. Fue en el marco de un solicitud de opinión consultiva impulsada por Argentina . Además, estableció el deber del Estado de garantizarlo. https://t.co/PVuxlaSuRg

— Palabras del Derecho (@blogdelderecho) August 8, 2025

Una nueva visión

El reconocimiento del derecho al cuidado en Chile constituye un paso histórico hacia la justicia social y la igualdad de género. No solo redefine el papel del Estado en la protección de sus ciudadanos, sino que también abre la puerta a una transformación cultural profunda.

Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política, la asignación de recursos suficientes y la capacidad de articular una red de servicios eficiente. La aprobación de la ley es solo el inicio de un proceso que requerirá constancia y compromiso para materializar el derecho en la vida cotidiana de las personas.