
Rusia ha impuesto restricciones a las llamadas de voz en WhatsApp y Telegram, en una medida que las autoridades justifican como parte de la lucha contra el fraude, la extorsión y el terrorismo. La decisión, anunciada por el regulador estatal Roskomnadzor, afecta potencialmente a más de 100 millones de usuarios en el país.
Según el organismo, estas plataformas facilitan actividades ilegales y no cumplen con los requisitos de cooperación para el acceso a datos. Sin embargo, la decisión ha sido interpretada por observadores y organizaciones de derechos digitales como un nuevo paso en la estrategia del Kremlin para reforzar su “soberanía digital” y desplazar a las tecnológicas extranjeras.
En un comunicado difundido en redes sociales, WhatsApp, propiedad de Meta, afirmó que su servicio es privado, protegido por encriptación de extremo a extremo y diseñado para impedir que gobiernos u otros actores interfieran en las comunicaciones seguras de los usuarios. La compañía acusó a Rusia de intentar bloquear el acceso para socavar ese derecho fundamental.
La plataforma aseguró que seguirá trabajando para mantener la comunicación encriptada disponible “para las personas en todas partes, incluida Rusia”.
Telegram, fundada por el empresario ruso Pavel Durov pero con sede fuera del país, también reaccionó defendiendo sus políticas de seguridad. La compañía indicó que emplea tecnología de inteligencia artificial para combatir contenido ilícito, fraude y llamados a la violencia, y negó que su servicio promueva actividades delictivas.
Esta restricción se suma al impulso de una aplicación de mensajería local denominada MAX, respaldada por el gobierno ruso. MAX está integrada con servicios estatales y, según reportes, será obligatoria en nuevos dispositivos vendidos en el país. Críticos alertan que esta plataforma podría facilitar la vigilancia masiva de la ciudadanía.
Analistas advierten que estas medidas forman parte de una política más amplia para centralizar el control sobre el ecosistema digital ruso, limitando la influencia de compañías extranjeras y aumentando la capacidad de supervisión estatal. El caso de WhatsApp y Telegram es visto como una señal de que, bajo el argumento de la seguridad, el Kremlin está dispuesto a restringir derechos digitales fundamentales.