Intercargo busca frenar su privatización y defender la seguridad aérea

Los trabajadores de Intercargo, la empresa estatal de ground handling que se encarga de las aeronaves durante el aterrizaje, la permanencia en pista y el despegue, mantuvieron este miércoles un encuentro con diputados del Bloque Unión por la Patria.

El objetivo fue solicitar el tratamiento de un proyecto de ley que retire a la compañía de la lista de empresas consideradas “privatizables” según la Ley de Bases.

El encuentro contó con la presencia del presidente del bloque, Germán Martínez, y los diputados nacionales Sergio Palazzo y Hugo Yasky.

Durante la reunión, los delegados de Ezeiza y Aeroparque José Vallejos, Rolando Cocco, Andrés Sánchez, Carlos Williams y Mariano Moreno explicaron la complejidad de sus tareas y la capacitación que se requiere para garantizar la seguridad operativa en un espacio donde cualquier error puede tener consecuencias graves.

Los trabajadores resaltaron además la interacción constante con compañías internacionales y la calidad del servicio que prestan, reconocida por empresas como British Airways. 

Según ellos, estas operaciones no solo cumplen con auditorías operacionales, sino que también aseguran un estándar de excelencia que sostiene la reputación de Intercargo en el ámbito internacional.

Paralelamente, con el impulso de Rodrigo Borrás, responsable del área de Política Aérea de APA (Asociación del Personal Aeronáutico), y la investigación de Guido Jager, trabajador de Aerolíneas Argentinas, se presentó un amparo judicial para frenar la privatización.

El argumento principal apunta a irregularidades detectadas en el proceso y al riesgo que cualquier cambio podría implicar para la seguridad aerocomercial.

No obstante, la empresa enfrenta críticas internas y externas. Aunque es superavitaria y genera ingresos continuos para el Estado, hay reclamos recurrentes sobre condiciones laborales. Trabajadores han sido filmados subiendo equipajes cada 15 o 20 minutos de manera deliberada, mientras expresan insatisfacción por los sueldos.

Además, el gobierno había despedido anteriormente a 15 empleados acusados de mantener como “rehén” a los pasajeros de los aviones, y también a tres operarios por robar equipajes de la empresa CESA.

Estos incidentes son citados por las autoridades como evidencia de irregularidades operativas y argumentan que la privatización podría poner fin al monopolio que Intercargo mantiene en algunos servicios de handling.

El debate sobre la privatización combina la necesidad de mantener estándares de seguridad y calidad en los aeropuertos con la discusión sobre eficiencia y control interno de la empresa. Para los trabajadores y legisladores que los acompañan, la prioridad es preservar la operación estatal.

Por otro lado también buscan garantizar que la compañía continúe desarrollándose dentro de parámetros seguros y sostenibles, mientras el Estado evalúa medidas para corregir las deficiencias señaladas.

FS