
En México, la reducción de la pobreza en cifras generales contrasta con la persistencia de desigualdades profundas que afectan a ciertos grupos históricamente marginados. Los hablantes de lenguas indígenas y los niños menores de cinco años continúan siendo los sectores más golpeados por la falta de recursos, servicios y oportunidades. Así lo muestra el primer informe de pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tras sustituir al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De acuerdo con el documento, aunque la población en situación de pobreza pasó de 46,8 millones a 38,5 millones de personas, los indicadores revelan que la pobreza extrema alcanza al 29% de los hablantes de lenguas indígenas, mientras que la pobreza moderada afecta al 37,1% de este grupo. Entre los menores de cinco años, las carencias sociales y económicas son igualmente alarmantes, situándolos como uno de los sectores más vulnerables del país.
El informe destaca que la problemática se agudiza en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde la combinación de pobreza y marginación se perpetúa desde hace décadas. En estos estados, las comunidades indígenas enfrentan falta de acceso a servicios de salud, seguridad social, educación y vivienda digna. Las cifras nacionales muestran que el 48,2% de la población carece de seguridad social y el 34% no cuenta con acceso adecuado a servicios de salud.
Estos datos revelan que el problema no solo radica en la insuficiencia de ingresos, sino en una exclusión estructural que limita el desarrollo humano y perpetúa la desigualdad intergeneracional. Las políticas públicas, aunque han logrado avances numéricos, no han modificado sustancialmente las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos.
En el caso de la infancia, el panorama es especialmente grave. Organismos internacionales como UNICEF han alertado que cuatro de cada diez niños indígenas no asisten a la escuela, lo que repercute directamente en su capacidad de romper el ciclo de la pobreza. Además, el 94% de quienes hablan una lengua indígena presenta al menos una carencia social.
La falta de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o instalaciones sanitarias en comunidades indígenas condiciona la salud y el bienestar de la niñez. Estos factores, sumados a la ausencia de seguridad social, hacen que las brechas de desarrollo sean difícilmente reversibles sin una intervención sostenida y focalizada.
Este reporte es el primero elaborado por el INEGI tras la eliminación del Coneval, lo que ha generado inquietudes entre especialistas sobre la independencia y objetividad de la medición. Si bien la metodología se mantuvo en gran parte, la concentración de funciones de recolección y análisis en un solo organismo despierta recelos por posibles conflictos de interés.
A pesar de las críticas, las cifras reflejan una reducción de la pobreza extrema al 5,3% y una disminución de cinco puntos porcentuales en la pobreza moderada. Sin embargo, estas mejoras generales no han beneficiado de manera equitativa a toda la población, dejando a los grupos vulnerables fuera del alcance de los avances estadísticos.
Expertos coinciden en que la solución requiere políticas públicas intersectoriales que integren salud, educación, infraestructura y empleo. Sin un enfoque que considere la diversidad cultural y territorial del país, las acciones corren el riesgo de quedarse en esfuerzos aislados sin impacto estructural.
Para atender las necesidades de hablantes de lenguas indígenas y niños menores de cinco años, se necesitan programas que combinen inversión social sostenida con un monitoreo constante de resultados, evitando que las cifras sean el único criterio de éxito.
La disminución global de la pobreza en México es un dato alentador, pero insuficiente para hablar de un cambio real. Las cifras positivas en promedio ocultan realidades dramáticas que persisten en las comunidades más rezagadas, donde la pobreza es multidimensional y crónica.
Si el país busca un desarrollo inclusivo, el reto está en convertir la reducción estadística en una mejora tangible en la calidad de vida de los grupos más vulnerables. Esto implica no solo medir, sino actuar con estrategias de largo plazo que integren a todos los mexicanos en el proceso de desarrollo.