
La detención de Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2017 y 2018, marca un nuevo capítulo en la persecución judicial por el escándalo de Odebrecht. El arresto, realizado en Estados Unidos, responde a una solicitud de extradición que llevaba casi cinco años pendiente, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. El exfuncionario será deportado en los próximos días para enfrentar un proceso penal en territorio mexicano.
Treviño, de perfil técnico y con amplia trayectoria en el sector público, es acusado de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que recibió un soborno de 4 millones de pesos para favorecer contratos de la filial brasileña Braskem, parte del conglomerado Odebrecht. La detención es vista como un avance en un caso que, pese a su relevancia, ha tenido múltiples retrasos e irregularidades procesales.
El nombre de Treviño se sumó al expediente Odebrecht por las declaraciones de su antecesor, Emilio Lozoya Austin, quien lo señaló directamente como beneficiario de pagos ilegales. Según la investigación, estos recursos provenían de una red de sobornos destinada a asegurar la aprobación de proyectos y contratos millonarios para empresas vinculadas a la constructora brasileña. Las acusaciones se remontan a su etapa como director corporativo de Administración y Servicios de Pemex, antes de asumir la dirección general.
En septiembre de 2021, Treviño no se presentó a una audiencia judicial, lo que motivó que un juez emitiera una orden de aprehensión en su contra. Poco después, Interpol publicó una ficha roja para su localización, aunque esta fue cancelada en 2023 debido a supuestas irregularidades en el procedimiento. Su captura en Estados Unidos rompe un período de aparente impunidad y reabre la posibilidad de un juicio con mayores evidencias.
Carlos Treviño es ingeniero en Industrias Alimentarias por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde también obtuvo dos maestrías: una en Ciencias e Ingeniería de Alimentos y otra en Administración de Empresas. En el ámbito gubernamental, ocupó cargos clave en las secretarías de Hacienda y Economía, así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), antes de incorporarse a Pemex.
Su gestión al frente de la petrolera estatal fue breve, iniciando en noviembre de 2017 tras la salida de Lozoya y concluyendo a finales de 2018 con el cambio de administración federal. Durante ese periodo, enfrentó un contexto de precios internacionales volátiles y presiones por mejorar la eficiencia operativa de la empresa, sin que los escándalos de corrupción dejaran de impactar su reputación.
La presidenta Sheinbaum señaló que la extradición de Treviño es parte del compromiso de su gobierno de combatir la impunidad, especialmente en casos de alto perfil. Voces de la oposición han pedido que el proceso sea transparente y que se evite cualquier uso político del caso. Organizaciones civiles anticorrupción destacan que este tipo de acciones deben ir acompañadas de reformas estructurales para impedir la repetición de estas prácticas.
La FGR, por su parte, ha reiterado que cuenta con pruebas documentales y testimoniales para sustentar las acusaciones. No obstante, expertos legales advierten que los años transcurridos y las irregularidades previas podrían ser usadas por la defensa para intentar anular o debilitar el caso.
🔴 #ÚLTIMAHORA | Detienen en #EEUU a Carlos Treviño, exdirector de Pemex acusado de corrupción
— Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 14, 2025
Información confirmada por @arturoangel20 señala que Treviño Medina, quien ocupó el cargo durante el sexenio de Peña Nieto, fue detenido y será deportado en las próximas horas
Fue… pic.twitter.com/2J0TzqefNa
La captura de Carlos Treviño representa un avance simbólico y operativo en la lucha contra la corrupción en México. Sin embargo, el desenlace dependerá de la solidez de las pruebas, la independencia judicial y la capacidad del Estado para evitar que el proceso se diluya en tecnicismos legales. La opinión pública seguirá de cerca el caso, no solo por el perfil del acusado, sino por lo que pueda revelar sobre la red de intereses que operó en Pemex durante años.
A nivel político, el proceso llega en un momento en que el gobierno busca reforzar su narrativa anticorrupción y diferenciarse de administraciones pasadas. Si el juicio prospera, podría convertirse en un precedente para futuras acciones contra exfuncionarios de alto rango, enviando un mensaje claro sobre la rendición de cuentas.