Economías ilícitas y gobernanza: claves de la cumbre por la Amazonía

La Amazonía se encuentra en un momento crítico. La región, que abarca ocho países y representa uno de los ecosistemas más importantes del planeta, enfrenta un escenario donde economías ilegales, presiones extractivas y falta de gobernanza amenazan su supervivencia. En este contexto, la próxima V Cumbre del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), que se celebrará el 22 de agosto en Bogotá, surge como un intento de coordinar acciones conjuntas.

Antes de la cumbre, un foro titulado "Amazonía bajo amenaza: desafíos y oportunidades para la gobernanza regional" reunió a especialistas, autoridades y organizaciones internacionales en la Universidad de los Andes. El objetivo: diagnosticar la magnitud del problema y proponer medidas concretas que los gobiernos puedan adoptar para frenar el deterioro ambiental y contener la expansión del crimen organizado en la selva.

Economías ilícitas y extractivismo

Uno de los puntos centrales del debate fue la creciente diversificación de las economías ilícitas. Más allá del narcotráfico, grupos criminales se benefician del oro ilegal, la madera, la marihuana, los bonos de carbono y hasta de las denominadas tierras raras, recursos clave para el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Esta convergencia delictiva aumenta la presión sobre los ecosistemas y debilita la capacidad de respuesta estatal.

El problema se agrava por la falta de presencia institucional en vastas zonas amazónicas, lo que permite que actores armados y redes criminales consoliden su control. En la frontera entre Perú, Colombia y Brasil, se han documentado alianzas entre disidencias armadas, bandas brasileñas y narcotraficantes peruanos, que operan con una coordinación transnacional que supera las capacidades de los gobiernos locales.

Retos para la gobernanza regional

La pregunta que sobrevuela el debate es clara: ¿Qué compromisos políticos concretos están dispuestos a asumir los países amazónicos para revertir esta situación? La V Cumbre del TCA busca una hoja de ruta que incluya mecanismos de cooperación fronteriza, intercambio de inteligencia y fortalecimiento de las instituciones ambientales y judiciales.

Sin embargo, el camino no es sencillo. Las diferencias políticas entre los gobiernos, sumadas a intereses económicos vinculados al extractivismo legal e ilegal, dificultan el consenso. La urgencia climática choca con la necesidad de recursos para el desarrollo, generando tensiones que podrían limitar el alcance de los acuerdos.

Participación de expertos y autoridades

El primer panel del foro, moderado por Melina Risso, contó con figuras como Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia; María Alejandra Vélez, de la Universidad de los Andes; Yulia Yansura, de la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Corporativa; Francisco Gutiérrez, del Observatorio de Restitución de Tierras; y Felipe Botero, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

En el segundo panel, moderado por María Margarita Zuleta, participaron autoridades colombianas de alto nivel: Álvaro Jiménez (Alta Consejería para la Paz), Mauricio Cabrera (Viceministerio de Ambiente), Juliana Coronado (Viceministerio de Defensa), Jorge Bernal Granada (Policía Nacional) y Ower Gerardo Quiñones (Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales).

Perspectivas hacia la cumbre

La expectativa está puesta en que la V Cumbre del TCA logre acuerdos vinculantes y planes de acción medibles. Para muchos, es la última oportunidad de establecer un marco de cooperación real antes de que la degradación sea irreversible. La inclusión de mecanismos de monitoreo y sanciones por incumplimiento podría ser clave.

No obstante, el historial de cumbres anteriores deja un sabor agridulce: muchas declaraciones, pocos resultados tangibles. El reto será pasar de las promesas a las acciones, en un escenario donde las redes criminales se mueven rápido y las respuestas estatales llegan tarde.

Un tema complejo 

La situación de la Amazonía es un reflejo de la tensión global entre conservación y desarrollo. La creciente conexión entre crimen organizado y recursos naturales coloca a la región en el centro de una disputa que es tanto ambiental como geopolítica. El desenlace dependerá de la capacidad de los países de dejar de lado diferencias ideológicas y actuar de manera conjunta.

Si la cumbre fracasa en generar resultados concretos, la ventana de oportunidad para salvar la selva más grande del mundo podría cerrarse en las próximas décadas. El tiempo no está del lado de la Amazonía, y cada año perdido se traduce en miles de hectáreas menos de bosque y en comunidades más vulnerables ante el poder del crimen.