¿Quién es Alejandro Fargosi, el cabeza de lista de La Libertad Avanza?

En un escenario político cada vez más marcado por la tensión entre experiencia institucional y discursos rupturistas, el nombre de Alejandro Fargosi emerge como una figura que sintetiza ambos mundos.

Abogado de larga trayectoria, exconsejero de la Magistratura y voz crítica del sistema judicial argentino, Fargosi será cabeza de lista de diputados por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones de octubre. ¿Quién es este jurista que podría convertirse en uno de los referentes legislativos del espacio libertario?

De los pasillos judiciales al tablero político

Alejandro Fargosi nació en Buenos Aires en 1954 y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires con honores a los 21 años.

Su carrera profesional se desplegó en múltiples frentes: fue docente universitario, asesor jurídico en empresas estratégicas durante los años de privatización, y fundador de estudios jurídicos con fuerte presencia en el ámbito corporativo, pero su salto a la visibilidad pública entre 2010 y 2014, cuando fue representante de los abogados porteños en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Un perfil técnico con vocación republicana

Fargosi no es un outsider, pero tampoco un político tradicional. Su discurso combina rigor técnico con una narrativa ética que lo ha llevado a impulsar iniciativas como la ley de “Ficha Limpia”, que busca impedir que personas condenadas por delitos accedan a cargos públicos.

En los últimos años, ha sido consultor y asesor en espacios como Juntos por el Cambio y Valores para mi País, aunque sin asumir cargos partidarios formales.

Su desembarco en La Libertad Avanza representa, más que una contradicción, una convergencia: el espacio liderado por Javier Milei busca consolidar su presencia legislativa con perfiles que aporten solvencia jurídica y capacidad de articulación institucional.

En ese sentido, Fargosi podría funcionar como un puente entre la lógica disruptiva del nuevo oficialismo y las demandas de gobernabilidad que exige el Congreso.