Apareció muerto un testigo clave que confesó haber pagado 722 mil dólares a funcionarios judiciales

Javier Santos Ortega Pérez, de 52 años, apareció muerto en su vivienda de Guaymallén, en la provincia de Mendoza. La noticia causó un fuerte impacto, ya que se trataba de un testigo central en el juicio oral contra el exjuez federal Walter Bento, acusado de liderar una red de corrupción en los tribunales.

De acuerdo con las primeras informaciones, Ortega Pérez se habría quitado la vida poco después de que el Tribunal Oral Federal N°1 emitiera una orden de detención en su contra. La medida estaba vinculada a una condena firme por contrabando que debía cumplirse en el Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, en Cacheuta. Sin embargo, antes de que la captura se concretara, un familiar lo encontró sin vida en su domicilio.

El hombre había ganado notoriedad a fines del año pasado, cuando decidió declarar en el marco del denominado Bentogate. Su testimonio resultó explosivo: aseguró haber pagado 722 mil dólares en sobornos a abogados, intermediarios y funcionarios judiciales, con el objetivo de obtener beneficios en causas de contrabando. Según detalló, incluso le habían exigido llegar al millón de dólares para “quedar limpio”.

En aquella declaración, Ortega Pérez involucró directamente a Diego Aliaga —empresario asesinado en 2020— y a los abogados Luciano Ortego, Matías Aramayo y Martín Ríos, a quienes señaló como intermediarios. También mencionó al exjefe de Aduana Javier Ruggero, y aseguró que las presiones económicas eran constantes. Relató que llegó a vender propiedades para reunir el dinero reclamado, y que en una ocasión entregó hasta 300 mil dólares dentro de una caja de zapatos.

La presión sobre su familia fue otro de los puntos que expuso. Dijo que uno de sus sobrinos había sido detenido injustamente y que pagó 150 mil dólares para lograr su libertad. En ese mismo contexto reconoció haber intentado quitarse la vida en varias oportunidades, dejando cartas en las que deslindaba de responsabilidades a sus allegados.

Su testimonio comprometió especialmente al exjuez Bento, a quien definió como “el jefe” de la organización. Incluso sostuvo que el magistrado se reunió con él tras un intento de suicidio en la Unidad 32, pese a que en ese momento Bento estaba de licencia. La acusación sumó peso con registros de más de 260 comunicaciones entre el exjuez y Aliaga, elemento incorporado como prueba en el juicio.