
En América Latina, los expresidentes ya no gozan de la inmunidad de antaño. En los últimos meses, la región ha visto cómo varios de sus antiguos líderes pasaban del poder al banquillo de los acusados. Este fenómeno, lejos de ser aislado, se ha consolidado como una tendencia regional que despierta tanto esperanzas de justicia como acusaciones de persecución política.
El caso más reciente es el de Martín Vizcarra, detenido de manera preventiva por cinco meses bajo la acusación de haber recibido sobornos cuando era gobernador de Moquegua. El expresidente peruano se suma a una larga lista en la que ya figuraban Alejandro Toledo y Ollanta Humala, procesados por el escándalo Odebrecht, así como Alberto Fujimori, indultado tras condenas por violaciones a los derechos humanos y corrupción. El país se ha convertido en un laboratorio donde la justicia alcanza incluso a los más altos cargos.
En Colombia, la condena de Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal marcó un hito: es el primer expresidente en enfrentar una sentencia penal en la historia del país. El fallo, aún apelable, refleja una grieta política que divide profundamente a la sociedad entre quienes ven en Uribe a un símbolo de la lucha contra la guerrilla y quienes lo consideran el responsable de prácticas ilegales y abusos.
En Argentina, la Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en contratos de obras públicas, además de imponerle una inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos. La exvicepresidenta, sin embargo, continúa siendo una figura central en el escenario político.
Mientras tanto, en Brasil, Jair Bolsonaro enfrenta un juicio por su presunta participación en un complot golpista. Bajo arresto domiciliario, el exmandatario niega los cargos y alega persecución judicial. La posibilidad de una condena de hasta 43 años de prisión mantiene en vilo a la política brasileña.
La lista se amplía con figuras como Rafael Correa en Ecuador, condenado en 2020 a ocho años por cohecho, y los expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes y Antonio Saca, sentenciados por negociaciones con pandillas y corrupción, respectivamente. En Guatemala, Otto Pérez Molina cumple prisión por fraude aduanero, mientras que en Panamá, Ricardo Martinelli fue condenado por lavado de dinero.
El creciente número de expresidentes procesados sugiere un patrón común: la combinación de sistemas judiciales más activos y sociedades menos tolerantes a la corrupción. Sin embargo, también plantea dudas sobre la instrumentalización política de la justicia, una crítica recurrente en países polarizados.
El escenario actual muestra a América Latina como una región donde el pasado presidencial ya no garantiza impunidad. Si bien la rendición de cuentas puede fortalecer la democracia, el riesgo de que los tribunales se conviertan en arenas de revancha política sigue latente. En cualquier caso, la región asiste a un cambio de paradigma: del palacio de gobierno a los tribunales, el poder enfrenta cada vez más las consecuencias de sus actos.