
El Ejecutivo nacional oficializó este lunes una profunda reestructuración administrativa mediante un megadecreto que redefine funciones y estructuras en Transporte, Agricultura, Industria y Comercio, centralizando competencias en el Ministerio de Economía. Sin embargo, algunos decretos, como el que afecta al INTA, podrían ser revisados o rechazados por el Senado.
La medida busca reforzar el Decreto 462/2025, que intervino el Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) y otros organismos autárquicos, eliminando su autonomía y trasladando la elección de autoridades a discreción de la cartera que dirige Luis Caputo. El objetivo evidente es adelantarse a un posible revés en la Cámara alta.
El Senado podría sesionar este jueves para definir el futuro de los Decretos de Necesidad y Urgencia rechazados días atrás por Diputados, entre ellos el 462 que afectó al INTA, el INTI, el INASE, el INV y el Instituto de Agricultura Familiar, todos organismos descentralizados con larga trayectoria.
En caso de una nueva derrota en el Congreso, el Gobierno ya anticipó que recurriría a la Justicia. Mientras tanto, si logra mantener los decretos, el nuevo esquema reorganizará el INTA y otros institutos, limitando su autonomía política y concentrando la toma de decisiones en el Ministerio de Economía.
El decreto asigna al actual titular del INTA, Nicolás Bronzovich, poder sobre el Consejo Directivo, las entidades de la Mesa de Enlace, los grupos CREA, universidades y la Dirección Nacional del INTA, conformada ahora por la propia burocracia del organismo técnico. Además, elimina estructuras estratégicas y administrativas sin detallar quién ocupará los cargos ni cómo funcionarán.
Entre las disposiciones más importantes, el Decreto 585/25 faculta al ministro a modificar la estructura del INTA, incluidos Centros Regionales y de Investigación, mientras que el artículo 24 mantiene algunas unidades inferiores aprobadas en 2019, eliminando otras dependencias clave que ahora serán designadas a dedo por Economía. Se confirma también la supresión de la Regional AMBA y sus estaciones experimentales.
Otros organismos también sufren cambios: se crean agencias como la de Investigación de Accidentes de Aviación y la de Control de Concesiones y Servicios Públicos, mientras se disuelven el INASE, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, ARICCAME y otros, cuyos roles pasarán a secretarías del Ministerio de Economía. Se redefinen además áreas del INV y del INPI, que funcionarán bajo secretarías específicas del Ministerio.
Algunas medidas quedan sujetas a cautelares judiciales, como la Dirección Nacional de Vialidad y el INTI, cuyos procesos de transformación se mantienen suspendidos. El Poder Ejecutivo asegura que los ajustes no generan aumento presupuestario y permite a los titulares de organismos modificar internamente estructuras y funciones, siempre dentro de los límites operativos vigentes.