El futuro incierto de Pemex: ¿fracking a escondidas?

La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) atraviesa un momento de incertidumbre en torno a su estrategia futura. Mientras el Plan Estratégico 2025-2035 reconoce la necesidad de evaluar yacimientos no convencionales, lo que inevitablemente implica recurrir a la fracturación hidráulica, las declaraciones de altos funcionarios insisten en negar que la técnica conocida como fracking forme parte de la agenda. Esta contradicción expone una tensión entre la retórica política y la viabilidad técnica de la producción de hidrocarburos en el país.

El gobierno mexicano, bajo la administración anterior, se había comprometido a prohibir esta práctica. Sin embargo, el fracking nunca fue vetado por ley y continuó ejecutándose a pequeña escala. Hoy, ante la presión de garantizar la seguridad energética, Pemex se encuentra en un laberinto discursivo y operativo, donde las promesas políticas chocan con la realidad de los yacimientos que requieren esta tecnología para ser explotados.

Ambigüedad institucional

El Plan Estratégico 2025-2035 abre la puerta a la evaluación de yacimientos complejos, término que según especialistas funciona como un eufemismo para hablar de fracking. Mientras tanto, el director general de Pemex y la secretaria de Energía han reiterado que esta práctica no está contemplada, sugiriendo que se trataría de otras técnicas de estimulación menos agresivas. No obstante, los expertos advierten que sin fracturación hidráulica resulta casi imposible acceder a esos recursos.

Esta situación genera desconfianza tanto en la opinión pública como en los inversionistas. La narrativa ambigua debilita la credibilidad de la petrolera en un momento en que se requiere una definición clara para atraer capital y asociaciones estratégicas. Al no reconocer de manera abierta la posible aplicación del fracking, Pemex enfrenta el riesgo de perder competitividad frente a otros actores internacionales.

Críticas ambientales

Las organizaciones civiles han denunciado que el gobierno pretende reactivar el fracking por la puerta trasera, disfrazando su implementación bajo otros términos. La Alianza Mexicana contra el Fracking sostiene que los daños ambientales y sociales de esta práctica son innegables, especialmente en lo que respecta a la contaminación del agua y el deterioro de ecosistemas vulnerables. Además, alertan sobre la falta de garantías para proteger a las comunidades cercanas a los proyectos extractivos.

A nivel internacional, las experiencias tampoco son alentadoras. Estados como Texas han tenido que imponer regulaciones estrictas por el mal manejo de las aguas residuales derivadas del fracking, lo que demuestra que incluso en países con amplia capacidad técnica los riesgos son difíciles de controlar. En ese sentido, los colectivos ambientalistas advierten que apostar por esta ruta en México solo ampliaría los conflictos socioambientales existentes.

El trasfondo político

Durante su gobierno, Andrés Manuel López Obrador prometió prohibir el fracking, pero nunca impulsó una reforma legal que concretara esa promesa. La práctica continuó en silencio, lo que refleja cómo las decisiones energéticas en México se mueven entre los límites de la conveniencia política y la presión económica. Hoy, la administración actual hereda esa ambigüedad y se enfrenta a las mismas preguntas sin resolver.

La oposición política también ha utilizado este tema como arma discursiva para cuestionar la falta de transparencia del gobierno en materia energética. El resultado es un debate polarizado donde se mezclan argumentos técnicos, compromisos internacionales y discursos populistas, sin que exista una hoja de ruta consistente para el futuro de Pemex.

El plan de rescate

El Plan Estratégico también contempla un fideicomiso de 250 mil millones de pesos, orientado a reducir la deuda de la empresa y atraer inversiones para proyectos clave. Dentro de sus metas, Pemex busca elevar la producción de gas natural a 5,000 millones de pies cúbicos diarios en 2028, una cifra que solo podría alcanzarse mediante la explotación de yacimientos no convencionales. Esto refuerza la sospecha de que, pese a las negaciones oficiales, el fracking terminará por abrirse camino.

La contradicción entre lo que se declara y lo que se proyecta crea un escenario de incertidumbre estructural. Si el objetivo es sanear las finanzas de la petrolera y garantizar la autosuficiencia, resulta ineludible definir si el fracking será parte de la estrategia. Postergar esa decisión solo incrementa los riesgos de ejecución del plan y limita la capacidad de Pemex para planear en el largo plazo.

🔷 #Pemex presenta su Plan Estratégico 2025–2035.

Petróleos Mexicanos da a conocer un plan integral que consolida su transformación como una empresa más eficiente, unificada y transparente, con una visión de largo plazo al servicio del pueblo de México.

💬“Pemex es y seguirá… pic.twitter.com/BjOn0WTPzF

— Petróleos Mexicanos (@Pemex) August 12, 2025

Una difícil posición 

La posición de Pemex frente al fracking ilustra una crisis de definiciones. Mientras la empresa busca sobrevivir con un plan financiero ambicioso, mantiene un discurso ambiguo sobre una tecnología que puede resultar clave para alcanzar sus metas productivas. Esta falta de claridad compromete la confianza tanto de la ciudadanía como de los potenciales aliados internacionales.

En un contexto global de transición energética, seguir alimentando la ambigüedad no parece una estrategia sostenible. La disyuntiva de Pemex es clara: o asume abiertamente los costos políticos y ambientales del fracking, o apuesta de lleno por una reconversión hacia fuentes más limpias. Mientras esa decisión no se tome, la petrolera continuará atrapada en un laberinto sin salida.