Avance judicial
19/08/2025 - Edición Nº924
Política
Privatización energética
El plan de Milei para privatizar represas hidroeléctricas argentinas
19/08/2025 | El presidente Javier Milei firmó un decreto que habilita la venta de las acciones de cuatro importantes represas bajo la órbita de Enarsa, como parte de su plan de privatizaciones.
El presidente Javier Milei firmó un decreto que habilita la venta de las acciones de cuatro de las principales represas hidroeléctricas del país
El presidente Javier Milei firmó este lunes un decreto que habilita la venta de las acciones de cuatro de las principales represas hidroeléctricas del país, marcando un paso decisivo en el plan de privatizaciones que impulsa la Casa Rosada, según publicó el Boletín Oficial.
Se trata de los complejos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que hasta ahora estaban bajo la órbita de Energía Argentina S.A. (Enarsa). A partir de la norma, las acciones serán transferidas a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, para luego ser ofrecidas en un concurso público nacional e internacional.
El decreto establece que las actuales concesionarias —AES Argentina, Enel Generación El Chocón, Orazul Energy Cerros Colorados y Central Puerto— podrán seguir operando las represas hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que se concrete la licitación, lo que ocurra primero. Las empresas deberán adherir al nuevo esquema en un plazo de cinco días.
Si rechazan la adhesión, igualmente deberán garantizar la generación de energía por al menos 90 días hábiles para asegurar la continuidad del servicio, cumpliendo los contratos originales de 1993, manteniendo una garantía de 4,5 millones de dólares y pagando regalías a las provincias de Neuquén y Río Negro.
El Ministerio de Economía, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de definir las condiciones de la venta y lanzar la licitación en un plazo máximo de 60 días corridos, sin programas de propiedad participada ni preferencias especiales para oferentes nacionales, abriendo la puerta a capitales extranjeros.
La norma también confirma que el Estado mantendrá un rol de veedor sobre los complejos hidroeléctricos, aunque sin injerencia en la operación ni en el mantenimiento, consolidando un esquema de privatización supervisada que busca acelerar la participación privada en el sector energético.
