
El mundo del fútbol atraviesa un nuevo capítulo de la gran batalla legal entre los jugadores y la FIFA, tras la denuncia de Lassana Diarra, el exjugador francés de Real Madrid, Chelsea y PSG, quien reclamó 65 millones de euros (cerca de 75 millones de dólares) a la FIFA y a la Federación Belga de Fútbol.
La causa se apoya en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de octubre de 2024, busca compensar los daños ocasionados por las normas FIFA de transferencias, que la justicia europea calificó de ilegales y contrarias al derecho comunitario.
En 2014, Diarra, en plena etapa de consolidación en el fútbol europeo, intentó rescindir su contrato con Lokomotiv de Moscú para fichar por Charleroi en Bélgica. La operación, que debía concretarse mediante la normativa de transferencias, fue bloqueada por la FIFA, que consideró la ruptura del contrato como abuso y le exigió una indemnización importante, además de aplicar restricciones que limitaron su movilidad.
La situación llegó a los tribunales belgas, que en 2024 solicitaron al TJUE que valiera la normativa europea en relación a esas reglas. La sentencia fue contundente: varias disposiciones del sistema de transferencias de la FIFA violaban la libertad de movimiento de los futbolistas, protegida por el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El tribunal concluyó que esas normas reducían las opciones de los jugadores y los disuadían de cambiar de club.
Con base en esta decisión, Diarra y su abogado, Martin Hissel, llevaron a cabo una demanda contra la FIFA y la Federación Belga, solicitando 65 millones de euros por daños y perjuicios sufridos en los años transcurridos. La suma incluye pérdidas directas, intereses y daños morales, además de poner de manifiesto una problemática que afecta a muchos futbolistas en Europa y en el mundo.
Hissel remarcó que, en ausencia de una solución amistosa, la vía legal en Bélgica es el siguiente paso lógico y que, si la justicia falla a favor del exjugador, las federaciones deberán responder solidariamente y revisar sus reglamentos, abriendo un proceso que podría sentar precedentes.
El proceso cuenta con el respaldo de FIFPro, el sindicato internacional que representa a los futbolistas profesionales, que denunció el "menosprecio del Estado de derecho por parte de la FIFA". Además, el caso de Diarra pone sobre la mesa una discusión global sobre la legitimidad de las normas de transferencia, que, según la sentencia del TJUE, limitan la libertad de circulación laboral y la protección del jugador.
Mientras tanto, la FIFA y las federaciones nacionales aún analizan las implicancias jurídicas y económicas, pero el resultado de este juicio puede modificar profundamente el sistema de transferencias en el fútbol.