Luis Abinader: la decisión que redujo los nacimientos de haitianas un 70%

En los primeros seis meses de 2025, los partos de mujeres haitianas en hospitales públicos de República Dominicana se redujeron en un 70,7%, pasando de más de 3.000 nacimientos en 2024 a menos de 900 en el mismo periodo de este año. El dato refleja el impacto directo de las nuevas medidas migratorias aplicadas en el país caribeño, que han disuadido a cientos de embarazadas de acudir al sistema de salud.

El gobierno de Luis Abinader implementó en abril un protocolo que obliga a los hospitales a exigir documentación en regla a los extranjeros atendidos. Tras el parto, las pacientes disponen de entre 72 horas y siete días, según el procedimiento médico, antes de ser entregadas a las autoridades migratorias si no acreditan su estatus legal. Esta práctica ha cambiado drásticamente los patrones de asistencia de las haitianas en territorio dominicano.

Una política de endurecimiento

La disminución en los partos se inscribe en un marco más amplio de control fronterizo y deportaciones masivas. Desde octubre de 2024, la República Dominicana ha repatriado a más de 300.000 haitianos, a un ritmo de unos 30.000 por mes. Además, se mantuvo el cierre parcial de la frontera y la suspensión de vuelos, lo que intensifica el aislamiento de Haití en medio de su crisis interna.

La administración de Abinader sostiene que estas medidas responden a la necesidad de proteger los recursos públicos y garantizar la seguridad nacional. En particular, los hospitales han denunciado que el alto número de partos de haitianas generaba presión sobre un sistema de salud ya limitado en recursos. Sin embargo, la política ha recibido fuertes cuestionamientos por su impacto humanitario.

Críticas de organismos internacionales

Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han denunciado que la práctica constituye una forma de discriminación sistemática contra mujeres migrantes. Según estos organismos, condicionar el acceso al parto a la presentación de documentos es una medida que vulnera derechos fundamentales y expone a madres e hijos a riesgos graves.

El debate se agudiza al considerar que en República Dominicana el aborto sigue penalizado bajo todas sus formas, lo que limita las opciones reproductivas de las mujeres. Para Amnistía, el endurecimiento migratorio en hospitales supone una doble vulnerabilidad: ser mujer y ser migrante sin papeles.

Un cambio histórico en la atención

Durante años, miles de haitianas han cruzado la frontera en las últimas semanas de embarazo para acceder al sistema público dominicano, donde recibían atención gratuita en el parto. Antes de 2025, se estimaba que entre el 22% y 32% de los nacimientos en el país correspondían a madres haitianas, un fenómeno constante que reflejaba tanto la fragilidad del sistema de salud en Haití como la interdependencia binacional.

El cambio actual marca una ruptura con esa práctica histórica. Muchos testimonios recabados en la frontera indican que mujeres optan por parir en condiciones precarias en Haití o en espacios informales, por temor a ser detenidas en hospitales dominicanos. Esto implica un alto riesgo sanitario, tanto para las madres como para los recién nacidos.

Impacto social y sanitario

Expertos advierten que la caída en la atención hospitalaria podría derivar en un aumento de la mortalidad materna e infantil en comunidades fronterizas. La Organización Panamericana de la Salud ha subrayado que las políticas migratorias no deberían interferir en la provisión de servicios esenciales de salud, especialmente en casos de urgencia obstétrica.

A nivel social, la situación refuerza tensiones históricas entre ambos pueblos, alimentando discursos nacionalistas y percepciones de exclusión. El debate interno en Dominicana se mueve entre quienes defienden la soberanía estatal y quienes reclaman un enfoque humanitario y de derechos.

Una mujer acompañada de niños cocina en el refugio para familias desplazadas por la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el jueves 9 de diciembre de 2021 (AP Foto). 

¿Y el futuro del país? 

La reducción del 70% en los partos de haitianas en República Dominicana simboliza el punto más visible de una estrategia que busca restringir la presencia migrante en sectores clave de la vida nacional. Si bien responde a preocupaciones reales sobre la capacidad de los servicios públicos, también plantea interrogantes profundos sobre los límites de la política migratoria frente a los derechos humanos.

De cara al futuro, la tensión entre control estatal y garantía de derechos se mantendrá como uno de los principales dilemas en la isla. El caso de los partos revela que la frontera domínico-haitiana no solo se mide en kilómetros de línea divisoria, sino también en las decisiones que afectan la vida y la salud de miles de mujeres y niños.