
En la previa a la sesión en el Senado en donde hoy se debatirá el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) -entre otras cuestiones- se conoció una decisión judicial que protege al organismo de la “motosierra” oficialista.
A partir de un pedido elevado por la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ordenó al Estado Nacional ”que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, arts. 59 a 69”.
Como se recordará, el Decreto 462/2025 modificó el estatus jurídico del INTA, al convertirlo de organismo descentralizado a desconcentrado, bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura.
Esta normativa fue tratada en una sesión en Diputados el pasado 7 de agosto, en donde la oposición logró avanzar con las iniciativas para financiar universidades y hospitales y rechazar seis DNU del oficialismo
Entre los decretos rechazados estuvo el 462, que modifica -entre otros organismos- al INTA. En esa ocasión, el resultado de la votación fue de 141 votos afirmativos, 65 negativos y una abstención.
En el fallo, firmado por la jueza federal Martina Isabel Forns y que tendrá una vigencia de seis meses, se remarcó que su alcance incluye “reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA”. Esta decisión se conoce tras el Decreto 585/25, publicado el pasado lunes 18 de agosto en el Boletín Oficial
Esta regulación permite al Gobierno modificar la estructura del INTA, incluidos Centros Regionales y de Investigación, mientras que el artículo 24 mantiene algunas unidades inferiores aprobadas en 2019, eliminando otras dependencias clave que ahora serán designadas a dedo por Economía. En paralelo, también confirmó la supresión de la Regional AMBA y sus estaciones experimentales.