
La empresa láctea La Suipachense se encuentra sumergida en una profunda crisis económica que la pone al borde del cierre. Ante el complejo panorama, funcionarios bonaerenses iniciaron conversaciones el último miércoles para buscar algún tipo de salida aunque no encontraron elementos para avanzar en la conciliación obligatoria.
Con 75 años de historia y un profundo arraigo en Suipacha, una pequeña localidad de 12.000 habitantes en el noreste de la provincia de Buenos Aires, la fábrica atraviesa enormes dificultades financieras que incluyen motivos propios y del contexto económico. Actualmente, la firma emplea a 140 trabajadores de forma directa y es considerada como uno de los motores productivos de la zona.
La gravedad de la situación implosionó la semana pasada, cuando los empleados decidieron asumir el “control administrativo” de una empresa que quedó a la deriva por sus deudas con proveedores, sufrió una caída de la producción y retrasos salariales de varios meses.
La medida contó con el respaldo gremial de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA). En tanto, representantes empresariales del grupo venezolano Maralac, actual dueño de la firma, habían calificado inicialmente a la movida de los empleados como una “toma forzada”.
El grupo internacional, en asociación con el empresario Claudio Rafaniello, opera en el país desde hace una década y había ganado presencia durante el exgobierno de Alberto Fernández. En aquel entonces, se quedó también con el manejo de Alimentos Refrigerados (ARSA), una compañía que comercializaba yogures, postres y flanes de Sancor y que había caído en desgracia con la quiebra de Vicentin.
Antes del conflicto con La Suipachense, el grupo ya reportaba serios inconvenientes económicos en las plantas de Arenaza (Lincoln, Buenos Aires) y Córdoba.
Se estima que la operatoria de La Suipachense requiere de $3.000 millones por mes y lo recaudado apenas llega a unos $500 millones. El rojo económico generó retrasos salariales y en la cadena de pagos. A las deudas salariales con los empleados se sumó la falta de pago a los tamberos de la zona. De un total de 180 proveedores de leche que supo tener la fábrica, apenas 40 aún mantienen un vínculo comercial.
Las deudas también se extienden a las empresas de servicios esenciales y ello podría derivar en el corte de suministros eléctricos y de gas natural.
Este miércoles, funcionarios de los ministerios de Producción y Trabajo bonaerense visitaron la localidad de Suipacha para interiorizarse del conflicto y evaluar posibles acciones para ayudar en la resolución. Al lugar arribó la subsecretaria de Industria y Pymes María Inés Bembi, el subsecretario de Comercio, Ariel Aguilar y Andrés Rodríguez Reveles, subsecretario de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo.
Junto al intendente Juan Luis Mansini (Fuerza Patria) los funcionarios escucharon a las partes: “Cada uno nos dio un diagnóstico sobre la situación que está atravesando la firma pero no dictamos la Conciliación Obligatoria porque no hay medidas de acción directa y por eso nadie la solicitó” explicaron a NewsDigitales desde la cartera que conduce el ministro Walter Correa.
“Se sigue negociando” resumieron, en tanto, fuentes de la cartera de Producción ante la consulta de este portal digital.
Finalmente, desde la Municipalidad de Suipacha dieron a conocer un escueto comunicado: “El objetivo es contar con información clara y avanzar en la búsqueda de soluciones” señalaron.