Daniel Arroyo: “La Ley de Discapacidad es de pura justicia y humanidad, no tiene impacto fiscal”

Daniel Arroyo, autor de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, advirtió que la situación de las personas con discapacidad y sus familias atraviesan un colapso inédito.

Durante su paso por el living de NewsDigitales, describió con crudeza cómo la falta de actualización del nomenclador —que solo aumentó 0,5% en lo que va del año— dejó desfinanciado todo el sistema de atención.

Arroyo explicó que la ley vetada no implica un gasto significativo: “Reordenar el nomenclador cuesta apenas el 0,003% del PBI. No tiene impacto fiscal. Es una deuda del Estado con las familias y con las personas con discapacidad.”

El diputado cuestionó el enfoque del gobierno: “Me parece que buscaron mostrar dureza fiscal para hablarle a los mercados y vetaron todo sin distinguir. No entendieron que esto es un tema humano urgente, que no mueve la aguja fiscal y que tiene un nivel de angustia brutal. Nunca vi tanta gente que me pare en la calle y me abrace llorando por este tema.”

Para Daniel Arroyo, la clave es actualizar las prestaciones a valores reales y garantizar que los servicios funcionen: “La ley ordena retrotraer los valores al 120% de inflación de diciembre de 2023, descontar lo ya aumentado y crear un nuevo nomenclador. Así los transportistas pueden llevar todos los días, los terapeutas cobran en tiempo y forma, y las familias acceden a medicamentos y tratamientos" por lo que sentenció que este incremento "es pura justicia y humanidad.”

A modo de ejemplo, expuso los números que cobran hoy quienes asisten a personas con alguna discapacidad: “Un taller protegido paga hoy 28 mil pesos por mes a una persona que trabaja cuatro horas diarias, el mismo monto desde febrero de 2023. Un transportista cobra 541 pesos por litro de nafta cuando la nafta vale 1.500. Una asistente terapéutica trabaja hoy y cobra dentro de seis meses apenas 3.000 pesos la hora. Los hogares y centros de día están todos endeudados y a punto de cerrar”, enumeró.

Finalmente, apuntó a una falla en la gestión intermedia del gobierno: “Los funcionarios que manejan estas áreas tienen que elevar los problemas al presidente. Acá no hubo matiz ni sensibilidad. Actuaron como si esto fuera un gasto a recortar cuando, en realidad, es un derecho humano básico.”