
Luego de que se filtraron audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde describe una supuesta red de coimas en la compra de medicamentos la justicia avanzó fuertemente en la investigación.
La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón ante el juzgado federal en Comodoro Py, también alcanza a figuras del círculo más cercano del Presidente Javier Milei -incluyendo a su hermana, Karina Milei, cuyos mensajes de WhatsApp serían parte del entramado-, y al asesor Eduardo 'Lule' Menem, además del farmacéutico Eduardo Kovalivker, propietario de la empresa Suizo Argentina.
La causa recayó en el Juzgado Federal Nº 11, actualmente subrogado por el juez Sebastián Casanello, y fue delegada para su instrucción al fiscal federal Franco Picardi.
En paralelo, el legislador Gabriel Solano (Frente de Izquierda) presentó otra denuncia contra varios implicados -incluidos Javier y Karina Milei, Spagnuolo, “Lule” Menem y Jonathan Kovalivker- en el mismo Juzgado Federal 11.
En esas grabaciones, el entonces funcionario de Javier Milei menciona a la empresa Suizo Argentina, a la que señala como la encargada de “cobrar” porcentajes a proveedores farmacéuticos y remitirlos luego a la Secretaría de Presidencia
“De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”, se escucha en uno de los audios.
Tras la viralización de los audios, el Gobierno removió a Spagnuolo de su cargo de forma preventiva. En paralelo, la oposición exigió explicaciones en el Congreso y solicitó que se confirme la veracidad de los audios mediante citas públicas al funcionario y auditorías al sistema.
En una jugada rápida, el Ejecutivo intervino Andis y designó como interventor a Alejandro Vilches, médico con formación en sistemas de salud, cuya misión inicial será llevar adelante una “profunda auditoría” del organismo y revisar el manejo de pensiones e ingresos históricamente señalados como “caja política”.
El episodio coincide con el rechazo en el Congreso a la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el Gobierno bajo el argumento de ajuste fiscal, justo cuando estalló la denuncia por corrupción. Los audios ponen en el centro del conflicto el manejo de fondos dirigidos a las personas con discapacidad, un colectivo particularmente vulnerable.