
El Gobierno nacional avanza en 2025 con un fuerte ajuste del gasto público, pese a no haber presentado un presupuesto propio. La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) en los primeros siete meses del año muestra una caída real del 31% respecto a 2023, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Prioridades en el gasto. El análisis por finalidad y función presupuestaria deja en claro cuáles son los ejes de la política oficial. La Seguridad Social continúa representando la mayor parte del gasto (58%), seguida por los Servicios de Deuda Pública, que absorben el 9%. En contraste, áreas como Salud (6%), Educación y Cultura (5%), Energía (3%) y Promoción Social (3%) quedan relegadas.
Entre las excepciones destaca la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, que aumentó su ejecución un 27% frente a 2023, consolidándose como una de las pocas partidas con crecimiento en un escenario de contracción generalizada.
El ajuste golpea especialmente al área sanitaria. La Superintendencia de Servicios de Salud registra una baja del 52%, los hospitales nacionales caen entre 30% y 39%, y organismos clave como el Instituto Malbrán (-27%) y la ANMAT (-26%) también reducen su presupuesto.
Programas de atención sanitaria y prevención directamente no tuvieron ejecución: Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles cayeron 100%. La única excepción es el programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que se incrementó un 25%, lo que muestra un recorte selectivo dentro de un área crítica.
En educación, programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron ejecución nula. También se desplomaron el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-86%), Becas y Gestión Estudiantil (-76%) y Acciones de Formación Docente (-76%). El financiamiento universitario retrocedió 31%.
La ciencia tampoco quedó a salvo: el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación prácticamente se paralizó (-81%), el CONICET sufrió un recorte del 29% y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales del 40%. Otros organismos de investigación, como el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Geológico Minero, también vieron reducciones superiores al 25%.
El Ministerio de Capital Humano, que concentra las políticas sociales, tuvo recortes profundos. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia redujo su ejecución en un 72%, y el INAES (cooperativismo y economía social) lo hizo en un 75%.
Programas clave como el Plan Nacional de Protección Social y Economía Social no tuvieron ejecución, al igual que Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-89%) y Comedores Comunitarios (-75%). La Prestación Alimentar cayó un 30%, lo que refleja un retroceso fuerte en los mecanismos de asistencia directa a la población.
La inversión en infraestructura es otro de los rubros prácticamente congelados. Programas de pavimentación, obras hídricas, rutas seguras, cuencas y túneles registraron caídas de entre 89% y 100%. La Dirección Nacional de Vialidad, por ejemplo, redujo su ejecución en un 73%.
Las transferencias a provincias y municipios también sufrieron recortes extremos: la Asistencia Financiera a Municipios cayó un 98%, la destinada a Provincias un 99% y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires fue directamente eliminado (100%).
Aunque en menor magnitud, las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas también recibieron ajustes. La Policía Federal recortó 32%, Gendarmería y Prefectura 29% cada una, mientras que Ejército, Armada y Fuerza Aérea redujeron entre 17% y 20%.
El recorte que refleja el informe del CEPA se da en un escenario donde el Congreso intenta marcarle límites al Ejecutivo. Con proyectos que apuntan a reforzar áreas sensibles y que en muchos casos terminaron vetados por el Presidente, la discusión excede lo técnico y se instala en el terreno político. El desafío, hacia adelante, será si el oficialismo logra sostener un esquema de gasto cada vez más reducido frente a una oposición que busca frenar la poda y a una sociedad que empieza a sentir sus efectos.