
En un solo día el gobierno de Maximiliano Pullaro logró destrabar dos asuntos clave en la Convención que reforma la Constitución de la provincia: mientras despejó el camino para ir por la reelección en 2027, se aseguró tener alto injerencia en el armado del Poder Judicial.
El oficialismo logró imponer su visión sobre cómo se reconfigurarán las relaciones entre política y justicia. Lo que se zanjó en el plano normativo —tras una refriega extensa— cristaliza un nuevo equilibrio de poder que aún se juega golpe a golpe en la práctica.
El Ejecutivo logró que la política sea decisiva y tenga poder discrecional para designar jueces y fiscales, al igual que para desplazarlos. A cambio cedió en su pretensión de hacer coincidir el mandato del gobernador con el jefe del fiscal general que persigue los delitos. La oposición no quería que ambos mandatos sean contemporáneos porque señalaban que con la simultaneidad, el gobernador le impondría la política de persecución a los fiscales.
A pesar de lo que tuvo que resignar, el pullarismo puede sentirse ganador porque aumentó el control de la política sobre las instituciones judiciales.
Otra novedad de la jornada es que se acordó la creación de un Concejo de la Magistratura que funcionará para evaluar a los aspirantes a ocupar cargos de titular de juzgados o fiscalías, que serán propuestos por el Poder Ejecutivo. También tendrá facultades disciplinarias.
GZ