
El gobierno de Trinidad y Tobago confirmó su pleno apoyo al despliegue de activos militares estadounidenses en el Caribe, destinados a combatir a los denominados "cárteles de droga terroristas". La primera ministra Kamla Persad-Bissessar sostuvo que los ciudadanos respetuosos de la ley no tienen nada que temer y que solo los cómplices del crimen deberían preocuparse por la presencia naval de Washington en la región.
La mandataria defendió su decisión en base al contexto interno de su país, que en las últimas dos décadas ha experimentado un crecimiento alarmante de la criminalidad vinculada al narcotráfico y las pandillas. Para Persad-Bissessar, los recursos limitados de los pequeños estados caribeños hacen imposible enfrentar solos al crimen transnacional, por lo que la cooperación militar con EE.UU. resulta, en sus palabras, una "necesidad práctica".
En su comunicado, el gobierno aclaró que no ha recibido solicitudes de Washington para utilizar territorio trinitense en operaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. La primera ministra aseguró que Trinidad y Tobago mantiene relaciones históricamente positivas con el pueblo venezolano y no pretende alterar esa dinámica.
Sin embargo, advirtió que si el gobierno de Maduro llegara a atacar a Guyana o a invadir su territorio, y Estados Unidos pidiera acceso a infraestructura trinitense para asistir a la defensa de los guyaneses, Trinidad concedería esa autorización de inmediato. Esta posición refuerza el alineamiento estratégico con Washington, al tiempo que despierta preocupación en Caracas por un posible escenario de confrontación.
La primera ministra también confirmó que no consultó ni consultará a CARICOM sobre el despliegue militar estadounidense, defendiendo que cada país debe pronunciarse de manera soberana. Para el gobierno de Puerto España, el combate contra el crimen trasnacional es una decisión nacional que no requiere consenso regional.
No obstante, esta postura ha sido cuestionada por sectores críticos, que consideran que Trinidad está debilitando la cohesión política del Caribe al privilegiar la agenda de Washington sobre la unidad de CARICOM. Para opositores locales y algunos gobiernos vecinos, la decisión erosiona la capacidad de los pequeños estados de hablar con una sola voz en asuntos de seguridad y soberanía.
El despliegue estadounidense incluye destructores, submarinos y más de 4.000 marines movilizados en el Caribe. La operación fue presentada como parte de la lucha contra el narcotráfico, pero también ha sido denunciada por Venezuela como un intento de desestabilización regional y de presión contra el régimen de Maduro.
Mientras tanto, en Trinidad y Tobago, la violencia asociada a organizaciones criminales continúa golpeando a la sociedad. El gobierno reconoce que, sin apoyo externo, la capacidad estatal para responder al crimen organizado es insuficiente, lo que justifica el controversial acercamiento a Washington, aunque a costa de abrir un debate sobre soberanía y autonomía regional.
El respaldo de Trinidad y Tobago al despliegue militar de EE.UU. refleja la fragilidad estructural de los pequeños estados caribeños frente al crimen organizado. Para el oficialismo, se trata de una respuesta pragmática y necesaria ante un problema que ha desbordado las fronteras nacionales y regionales.
Sin embargo, para la oposición y críticos regionales, la medida representa un acto de subordinación estratégica que compromete la independencia política de Trinidad y debilita a CARICOM en su conjunto. En un escenario de tensiones crecientes con Venezuela, esta decisión podría convertirse en un punto de inflexión para el equilibrio geopolítico en el Caribe.