Cataluña y el 11 de septiembre: ¿qué dice Madrid?

Cada 11 de septiembre, Cataluña conmemora la Diada Nacional, y este 2025 no es la excepción. Bajo el lema “Más motivos que nunca. Independencia”, los organizadores han convocado marchas en varias ciudades catalanas para reclamar el derecho a la autodeterminación y denunciar lo que llaman expolio fiscal y ataques a la lengua catalana. Sin embargo, desde Madrid se subraya que estas manifestaciones, aunque legítimas en el marco democrático, no tienen validez jurídica ni alteran el principio constitucional de unidad nacional.

El Ejecutivo español insiste en que la Constitución de 1978 es clara: la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, y ninguna comunidad autónoma puede decidir unilateralmente sobre su separación. Para el gobierno central, la Diada se interpreta como un acto político de un sector, pero no como la expresión mayoritaria de la sociedad catalana, que participa también en proyectos comunes dentro de España y de la Unión Europea.

Reivindicación sin efecto legal

Los organizadores de la Diada buscan proyectar una imagen de fuerza, pero los datos de asistencia en años recientes reflejan un descenso en la participación respecto a las movilizaciones masivas de la década pasada. Mientras la ANC habla de cientos de miles de asistentes, los recuentos oficiales de la Guardia Urbana de Barcelona suelen mostrar cifras mucho más reducidas, lo que refuerza el argumento del Estado de que se trata de un movimiento en declive.

Además, el Gobierno recalca que las denuncias de expolio fiscal o supuesta minoría lingüística son discursos políticos sin fundamento jurídico, utilizados para sostener un relato de confrontación. En la práctica, Cataluña recibe competencias amplias en materia educativa, cultural y de autogobierno, que la convierten en una de las comunidades con mayor nivel de descentralización en Europa. Para Madrid, la solución pasa por reforzar la cooperación institucional, no por alimentar divisiones.

El papel del Estado de Derecho

El gobierno español sostiene que el respeto a la ley es el marco ineludible para cualquier debate político. La Constitución y el Estatuto de Autonomía garantizan derechos y libertades a los ciudadanos catalanes, y al mismo tiempo establecen los límites que impiden rupturas unilaterales. Las sentencias del Tribunal Constitucional en los últimos años han reiterado que no existe base legal para un referéndum de independencia organizado por la Generalitat.

En este sentido, España presenta su modelo como uno de los más garantistas de Europa, donde caben todas las identidades pero dentro de un marco común. La Diada puede ser un espacio de reivindicación y expresión cultural, pero no puede confundirse con un mandato democrático que justifique la ruptura del orden constitucional.

Aquest Onze de Setembre, Catalunya mira al futur amb ambició, esperança i energies renovades.

És bon temps per als optimistes.

Bona Diada! pic.twitter.com/CjuYAGss3O

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 11, 2024

Tensión y sombras 

El 11 de septiembre vuelve a ser una fecha simbólica para el independentismo, pero también una oportunidad para que el Estado reafirme su compromiso con la democracia, la convivencia y la unidad nacional. La estrategia del Gobierno es clara: escuchar las demandas legítimas, pero recordar que solo dentro del marco legal se pueden plantear reformas o acuerdos.

De este modo, frente a la movilización en las calles de Barcelona, Girona o Tortosa, España responde con serenidad institucional. La Diada de 2025 confirma que el independentismo sigue activo, pero también que el Estado mantiene intacta su legitimidad y la vigencia de su proyecto común de país.