Juicios laborales: proyecto clave en Diputados para aliviar a las pymes

En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto para establecer un marco de protección para las pymes en el caso de juicios laborales.

“La presente ley tiene por objeto establecer un marco de protección para los micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) frente a las consecuencias económicas derivadas de litigios laborales, garantizando un equilibrio entre la tutela de los derechos de los trabajadores y la viabilidad de las unidades productivas”, establece el texto original de las legisladoras Margarita Stolbizer y Natalia Sarapura.

Así, la iniciativa establece un “Régimen de Regularización Laboral”, donde las MiPyMEs que hayan mantenido trabajadores en condiciones de registración defectuosa podrán acceder a un régimen especial de regularización laboral sin sanciones, siempre que cumplan con dos requisitos.

En primer lugar, “registrar a los trabajadores dentro de los 180 días de la entrada en vigor de la presente ley”, y además “abonar las contribuciones omitidas en un plan de pagos de hasta 36 cuotas, sin intereses punitorios”.

También se establece un “Plan de Pago de Sentencias Laborales”. Así, cuando una MiPyME sea condenada en un juicio laboral vinculado a la registración defectuosa de un trabajador, podrá solicitar el pago del monto total de la condena en hasta 12 cuotas mensuales, ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Respecto a la situación de los embargos ante un fallo desfavorable, la parte demandada podrá solicitar la sustitución del embargo por alguna de las siguientes alternativas, sujetas a aprobación judicial: a) Bienes muebles o inmuebles no afectados directamente al giro productivo o comercial de la empresa; b) Depósito de dinero en efectivo, en cuenta judicial; c) Seguro de caución expedido por entidad habilitada; y d) Fianza personal o real, debidamente garantizada.

“El objetivo de esta disposición es evitar que medidas cautelares paralicen la actividad económica de los sujetos alcanzados por la presente ley, garantizando al mismo tiempo el derecho del trabajador reclamante”, se explica en el proyecto.

Finalmente, la iniciativa de Stolbizer y Sarapura pretende la creación de una “Mediación Laboral Obligatoria” que establece la obligatoriedad de una instancia de mediación previa a cualquier reclamo judicial laboral, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 30 días. La asistencia a la mediación será requisito indispensable para la admisibilidad de la demanda.

En los fundamentos, las legisladoras detallaron: “Uno de los problemas recurrentes es la existencia de relaciones laborales deficientemente registradas, donde las pequeñas empresas, muchas veces por desconocimiento o falta de recursos, incurren en irregularidades. En este contexto, las sentencias derivadas de demandas por despidos en estas circunstancias suelen ser financieramente inviables, forzando el cierre de emprendimientos y la pérdida de múltiples fuentes de trabajo”.

Cabe recordar que el oficialismo tiene la intención de presentar un proyecto de reforma previsional y laboral para que se discuta en el Congreso durante el 2026 de forma conjunta, pero todavía no hay mayores precisiones de su contenido.

FA