
El Gobierno oficializó que pagará en septiembre de 2025 el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos. La medida quedó plasmada en el Decreto 613 publicado en el Boletín Oficial, y alcanzará también a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las pensiones no contributivas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.
La jubilación mínima será de $320.277,17 tras el aumento del 1,9% aplicado en línea con la inflación de julio. Con la incorporación del bono, el haber mínimo en septiembre quedará en $390.277,17.
El Gobierno defendió la medida como un alivio en el marco de la inflación descendente. Sin embargo, detrás de los números se esconde un ajuste: el bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024, lo que licuó mes a mes su capacidad de compra.
Entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, las jubilaciones aumentaron 138%, pero la mínima con bono incluido subió apenas 91%. De acuerdo con el informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), de haber seguido la misma actualización que los haberes, el bono debería haberse elevado a $166.755, es decir, más del doble de lo que se paga actualmente.
La diferencia es contundente: cada jubilado deja de percibir $96.755 por mes respecto de lo que le correspondería si el bono no estuviera congelado. Y si la decisión de mantener fijo el monto se sostiene, hacia diciembre de 2025 la pérdida mensual acumulada será de $105.750 por beneficiario.
El trasfondo no es nuevo. En 2024, el 19,2% del ajuste fiscal del Estado se explicó por la pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones. En los hechos, el superávit fiscal se sostuvo principalmente a costa de los adultos mayores.
Además, el discurso oficial choca con la realidad: a contramano de lo que afirma Javier Milei, los jubilados no le ganaron a la inflación. Entre julio y septiembre de 2025, el poder de compra de las jubilaciones sin bono quedó 1,3% por debajo del último trimestre de la gestión anterior, y las que perciben bono registraron una caída aún más marcada, del 15,2%.
Al indexar los haberes al IPC, el Gobierno asegura que los jubilados no seguirán perdiendo contra la inflación. Sin embargo, tampoco tendrán margen para recuperar lo perdido en los últimos dos años.
La ley 27.756, aprobada por el Congreso y luego vetada por el Ejecutivo, había planteado un esquema alternativo: otorgar una recomposición inicial del 7,2%, fijar un haber mínimo equivalente al 109% de la canasta básica total de un adulto y sumar una cláusula gatillo anual ligada a la evolución de los salarios. Nada de eso quedó vigente.
Con un haber mínimo que apenas supera los $390.000 incluyendo el bono, los jubilados se encuentran aún lejos de recuperar lo perdido y con la certeza de que el monto extra seguirá congelado hasta fin de año.