
Las deportaciones en Estados Unidos están alcanzando niveles históricos, y se espera que en 2025 se superen las 300.000 expulsiones, una de las cifras más elevadas en la última década. Estas operaciones son realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia federal encargada de aplicar la política migratoria en todo el país, incluyendo la detención y deportación de personas que se encuentran de manera ilegal en territorio estadounidense.
ICE ha detenido hasta junio de este año a más de 51.000 personas, concentrando sus operativos en estados como Texas, Florida y California, donde se registraron más de 109.000 arrestos. Aunque la agencia prioriza la detención de personas con antecedentes criminales, muchas personas sin estatus legal regular también han sido afectadas, provocando alarma en las comunidades y la evacuación preventiva de familias temerosas de ser deportadas.
Para intensificar sus operativos, ICE ha solicitado apoyo del Departamento de Defensa, utilizando bases militares como la Estación Naval Great Lakes en Illinois para coordinar acciones en ciudades de “santuario”, donde los gobiernos locales limitan la cooperación con la agencia. Esta medida busca aumentar la efectividad de las detenciones en áreas urbanas densamente pobladas.
ICE alcanzó cifras similares durante la administración de Barack Obama, cuando en 2012 y 2013 cada año se registraron más de 400.000 deportaciones, la proyección de 2025 podría superar esos números. La diferencia actual radica en la combinación de redadas urbanas, vigilancia fronteriza intensiva y reactivación de programas suspendidos durante la pandemia, lo que genera un impacto más inmediato y visible en las comunidades inmigrantes.
Organizaciones de derechos humanos advierten que estas políticas pueden separar familias, afectar a niños y vulnerar derechos fundamentales. Por su parte, el gobierno federal defiende que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley. Analistas señalan que la cifra récord proyectada para 2025 podría marcar un precedente histórico, reforzando el rol de ICE como principal herramienta para implementar la política migratoria estadounidense y generando un intenso debate sobre la seguridad, la legalidad y los derechos civiles de los inmigrantes.