
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos de seis abogados y dos hombres, acusados de conformar una organización ilícita dedicada a cometer estafas procesales contra compañías de seguros.
La resolución, firmada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Julio Lucini, respaldó lo dispuesto por la jueza María Fabiana Galletti, en el marco de la investigación llevada adelante por el fiscal Anselmo Castelli, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°57.
El caso se originó a partir de denuncias de varias aseguradoras que detectaron un patrón repetido en demandas por accidentes de tránsito. Los imputados simulaban siniestros con supuestas lesiones y daños materiales, acompañaban las demandas con testigos relacionados con los actores –pero que no revelaban ese vínculo–, presentaban fotografías y presupuestos duplicados, y lograban fallos favorables que les permitían cobrar indemnizaciones fraudulentas.
La maniobra contaba con un esquema organizado: uno de los hombres se presentaba como víctima –o incluso como responsable– de un accidente vial, patrocinado por uno de los abogados de la banda. Luego, iniciaba una demanda civil con pruebas fraguadas. Según la fiscalía, esta estructura operaba al menos desde 2022, y se apoyaba en el uso sistemático de testigos falsos, documentación duplicada y la repetición de formatos en las demandas.
Los jueces de la Cámara resaltaron la existencia de una organización estable, con roles funcionales, recursos materiales compartidos y una planificación sostenida en el tiempo. Además, indicaron que “la reiteración de testigos vinculados a los demandantes, junto con el uso de las mismas fotos y presupuestos en distintos procesos, revela la naturaleza fraudulenta de las demandas”.
En su fallo, la Cámara también destacó que en algunos expedientes, quienes aparecían como demandantes en un caso, figuraban como demandados en otro, lo que evidenciaba una rotación deliberada de roles dentro del grupo. Incluso, se comprobó que uno de los talleres que emitía presupuestos era completamente ficticio.
Como resultado, se confirmó el procesamiento de los ocho imputados por asociación ilícita y cinco hechos de estafa procesal –tres de ellos en grado de tentativa y dos consumados–, además de haberse dispuesto embargos sobre sus bienes. La resolución también identificó a uno de los abogados y a uno de los hombres como líderes de la organización, mientras que los demás fueron considerados miembros activos que asumían distintos roles según la necesidad.