
El conflicto por la “motosierra” del Gobierno nacional sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tuvo un nuevo capítulo ayer, en el marco de la presentación del Informe de Gestión en el Congreso. Entre los pedidos de los diputados nacionales, algunas preguntas se enfocaron en el futuro del INTA, como seguirá su funcionamiento y si habrá despidos y cierre de experimentales, entre otras cuestiones.
La Casa Rosada sumó una serie de reveses en relación al INTA, antes de llegar a esta instancia de defender la gestión ante los diputados nacionales. En la previa, un fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, finalmente aceptó la medida cautelar presentada por la Asociación del Personal del INTA (APINTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), para dejar sin efecto el Decreto 462/2025.
Además de esta decisión, el fallo impone una fuerte multa al Poder Ejecutivo Nacional si incumple lo dispuesto por la jueza Martina Forns. A esto, se debe sumar las derrotas en Diputados y Senadores, en donde los legisladores frenaron los intentos del presidente Javier Milei de modificar la estructura del INTA.
Si bien Francos buscó bajar el tono a esta polémica, defendió las decisiones del Gobierno en relación al organismo técnico. Consultado por el cese del personal, afirmó que “desde el inicio de la nueva gestión hasta julio de este año, no hubo ningún despido. La reducción se debió a la regularización de licencias y jubilaciones, renuncias y fallecimientos”.
En este sentido, agregó que “recién el pasado 21 de agosto con la firma de la Resolución 1240/2025 se puso en disponibilidad 286 agentes pertenecientes a áreas que habían sido dadas de baja con el fin de garantizar una mayor coordinación en la administración de los recursos públicos y promover una gestión más ágil y transparente”.
Pero en esta instancia, el jefe de Gabinete reconoció el alcance del fallo de la jueza Forns. “Cabe notar que dichos pases a disponibilidad quedaron suspendidos por una medida cautelar de la justicia”. Con respecto al cierre de experimentales, Francos admitió que “se prevé mantener las EEAs (Estaciones Experimentales Agroecuarias) y Agencias de Extensión Rural en todo el país, maximizando la llegada a los actores y generando impacto real sobre las demandas del sector productivo”.
En sus respuestas, el funcionario también defendió la postura oficial, en relación a lo que entienden que son mejoras en el funcionamiento del organismo.
“Se medirá el impacto de las actividades para garantizar eficiencia. Respecto de las reacciones, se han recibido innumerables muestras de apoyo en la necesidad de transformación, especialmente de parte de quienes forman parte de la cadena agropecuaria”.
Y agregó: “Los cambios en el contexto global, la coyuntura nacional y en específico del sector productivo agropecuario requieren de un INTA dinámico, ordenado, con impacto transformador, digitalizado y vinculado con la real demanda”.