
La campaña electoral en Guyana llega a su clímax en un contexto que mezcla expansión económica inédita y tensiones sociales persistentes. El presidente Irfaan Ali, del People's Progressive Party (PPP), aspira a renovar su mandato este 1 de septiembre, respaldado por cinco años consecutivos de crecimiento de doble dígito gracias al petróleo. Sin embargo, la pregunta que domina la calle es clara: ¿esa riqueza realmente ha mejorado la vida de los guyaneses?
El gobierno presume logros tangibles: matrícula universitaria gratuita, aumentos salariales, programas de vivienda y transferencias de efectivo. Son medidas diseñadas para mostrar que la bonanza no queda solo en cifras macroeconómicas. Pero críticos aseguran que el alto costo de vida, el rezago en servicios básicos y la desigualdad creciente demuestran que el modelo actual privilegia a unos pocos.
Desde los descubrimientos de ExxonMobil, Guyana se ha convertido en la economía de más rápido crecimiento del mundo. La producción diaria supera los 600.000 barriles y se espera duplicar esa cifra hacia 2027. Este ritmo ha transformado al país caribeño en un nuevo jugador estratégico del mercado energético global. No obstante, los contratos con Exxon han generado polémica, pues sectores opositores los califican de desventajosos y exigen renegociaciones.
La administración Ali defiende estos acuerdos como base de estabilidad para atraer inversión extranjera. Pero la demora del proyecto de conversión de gas en electricidad, ahora previsto para 2026, alimenta las críticas sobre la falta de capacidad de gestión. El riesgo, dicen analistas, es que la "maldición de los recursos" se repita en Guyana, como ha ocurrido en otras naciones petroleras.
El PPP compite frente a una oposición dividida en cinco partidos, incapaces hasta ahora de consolidar un frente común. Entre ellos destacan el APNU y la AFC, antiguos aliados del gobierno que hoy critican el manejo petrolero y el reparto de beneficios. A pesar de esta fragmentación, crece el descontento ciudadano, visible en protestas de comunidades rurales e indígenas.
En medio de este panorama irrumpe el multimillonario Azruddin Mohamed, sancionado por Estados Unidos por presunta corrupción y contrabando de oro. Con su nuevo partido WIN (We Invest in Nationhood), busca capitalizar el hartazgo popular. Aunque cuestionado, su perfil filantrópico le ha dado eco en sectores pobres que no ven reflejado el boom petrolero en su vida cotidiana.
— We Invest In Nationhood (@WINGuyana) August 7, 2025
Un país en encrucijada
La elección también revive recuerdos amargos: en 2020, el conteo se extendió durante cinco meses antes de que Ali fuera declarado vencedor. Las autoridades prometen que esta vez los resultados estarán listos rápidamente, pero la desconfianza persiste. En el aire flota el temor de que la tensión entre riqueza y desigualdad desemboque en un escenario de mayor inestabilidad.
Guyana es hoy un laboratorio político de lo que significa administrar una bonanza petrolera en un país pequeño y vulnerable. Si Ali logra convencer de que su proyecto es inclusivo, consolidará al PPP como la fuerza dominante. Si la percepción de desigualdad se impone, la riqueza del crudo podría convertirse en un factor de crisis. Entre la promesa de prosperidad y el riesgo de corrupción, los guyaneses se preparan para decidir en las urnas su destino inmediato.