Niña de 13 años y un senador: el caso que expone a Guinea Ecuatorial

La denuncia contra el senador Nicolás Utondji Akapo, acusado de abusar sexualmente de una niña de 13 años, ha sacudido los cimientos de Guinea Ecuatorial. El propio legislador reconoció los hechos denunciados por la menor y su madre, pero en lugar de enfrentar la justicia con transparencia, el sistema político lo ha blindado con inmunidad parlamentaria parcial. Este privilegio revela un patrón de encubrimiento donde la protección de la élite política está por encima de los derechos de las víctimas.

El caso es aún más grave por la magnitud del delito. Hablamos de un crimen atroz que exige respuestas inmediatas y contundentes. Sin embargo, la justicia se ve condicionada a los tiempos y voluntades del Senado, controlado por el mismo régimen que por décadas ha reprimido a la disidencia y amparado la corrupción. La dignidad de una niña queda subordinada a los intereses de un sistema que privilegia la impunidad.

La complicidad del régimen

El comunicado oficial de Guinea Ecuatorial Press intenta presentar el caso como un trámite judicial normal, pero omite los detalles más escandalosos: la admisión del senador y la gravedad de los hechos. El mensaje es claro: el gobierno busca controlar la narrativa, minimizar el impacto y proteger a los suyos. No hay mención a la víctima, ni a medidas de protección, ni a la urgencia de justicia, confirmando que el interés del régimen es blindar la imagen del poder.

Esta actitud no es nueva. Guinea Ecuatorial es un país donde la inmunidad parlamentaria se ha convertido en un escudo institucional para delitos graves, desde corrupción hasta abusos de derechos humanos. El caso Utondji es apenas el ejemplo más reciente de un sistema que normaliza la impunidad y convierte a las instituciones en cómplices de la barbarie.

Un sistema que castiga a las víctimas

La gravedad del caso se multiplica porque no solo se trata de la responsabilidad de un hombre, sino de un Estado que falla en proteger a los más vulnerables. Una menor de 13 años debería ser defendida con todo el peso de la ley, pero en Guinea Ecuatorial se la obliga a cargar con la doble violencia: la del crimen sufrido y la de un aparato político que protege a su agresor.

El hecho de que el Senado tenga la última palabra sobre el levantamiento de la inmunidad de Utondji muestra un conflicto de intereses inaceptable. No se trata de justicia, sino de un cálculo político en el que la víctima es irrelevante. Este mecanismo convierte a la justicia en un formalismo vacío y refuerza la percepción de que en Malabo la ley se aplica solo contra los débiles, nunca contra los poderosos.

Por su implicación en un caso de abuso sexual a una menor de 13 años, se le concedió inmunidad parcial al senador Nicolás Utondji Akapo, quien reconoció los hechos denunciados por la niña y su madre, pero con episodios gravemente peores que lo publicado hasta ahora sobre el… pic.twitter.com/y8BqM59Ume

— teddy nguema (@teonguema) August 28, 2025

Impunidad y tibieza 

El caso Utondji Akapo no es solo una tragedia personal, sino una radiografía del sistema autoritario de Guinea Ecuatorial. Un régimen que protege a violadores mientras reprime a opositores no puede hablar de Estado de derecho. La combinación de crimen, impunidad y complicidad oficial convierte este episodio en un símbolo de la descomposición institucional del país. Mientras el gobierno siga priorizando la defensa de su élite sobre la dignidad humana, Guinea Ecuatorial seguirá siendo un lugar donde los verdugos gozan de privilegios y las víctimas son condenadas al silencio.