Cuauhtémoc en crisis: el motivo oculto tras los desalojos masivos

En la alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México, decenas de familias quedaron en la calle tras dos desalojos ejecutados en un lapso de apenas 48 horas. Los operativos, realizados con fuerte presencia policial, dejaron escenas de incertidumbre y dolor entre quienes habitaban los inmuebles desde hace años. Niños, adultos mayores y trabajadores vieron de un día para otro cómo sus pertenencias terminaban en la vía pública, sin alternativas claras de reubicación.

El primer operativo tuvo lugar el martes, cuando más de 50 policías ingresaron a un edificio habitado por varias familias. Según los testimonios, los afectados no recibieron una notificación previa adecuada y acusaron a las autoridades de usar fuerza excesiva. Muchos de ellos aseguran haber vivido allí por décadas, pagando renta o incluso en medio de litigios aún sin resolver, lo que profundiza la sensación de injusticia.

Segundo desalojo en menos de 24 horas

Apenas un día después, otro inmueble de la misma alcaldía fue desalojado bajo orden judicial. En este caso, los ocupantes afirmaron que habían pagado renta regularmente, pero se encontraron con un proceso legal en su contra promovido por el propietario. Las familias fueron sacadas sin posibilidad de negociar ni recibir un plan de reubicación, lo que encendió nuevamente la protesta social en la zona.

Vecinos y colectivos de vivienda se sumaron a las manifestaciones, denunciando que estas acciones se han vuelto más comunes en los últimos años. La presión inmobiliaria y la gentrificación en zonas céntricas de la capital, especialmente en Cuauhtémoc, son señaladas como causas directas del aumento en desalojos y conflictos habitacionales.

Protestas y reclamos sociales

Las organizaciones vecinales advirtieron que la política habitacional de la ciudad no está respondiendo a las necesidades de quienes son desplazados. Acusaron a las autoridades de actuar en favor de los intereses inmobiliarios, ignorando el derecho a la vivienda consagrado en la Constitución. En las calles, los manifestantes exigieron un alto inmediato a los desalojos sin alternativas dignas para los afectados.

El impacto humano es innegable: familias con niños en edad escolar y adultos mayores quedaron literalmente en la calle. Para muchos, la única opción fue improvisar con lonas y cartones, mientras buscaban apoyo de vecinos y colectivos. La situación ha reavivado un debate profundo sobre quién tiene prioridad en la ciudad: los desarrolladores inmobiliarios o quienes llevan décadas construyendo comunidad en esos barrios.

Autoridades y vacío institucional

El gobierno capitalino, a través de voceros, señaló que estos casos corresponden a procesos judiciales en los que no puede intervenir más allá de garantizar el orden público. Sin embargo, los críticos sostienen que este argumento es insuficiente. El Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar el acceso a la vivienda, y la omisión de políticas efectivas deja a miles de ciudadanos en vulnerabilidad.

El contraste es evidente: mientras se promueven megaproyectos y desarrollos de lujo en zonas céntricas, se multiplican los desalojos de familias de bajos ingresos. Expertos en urbanismo alertan que esta dinámica está expulsando a los habitantes tradicionales hacia la periferia, con graves consecuencias sociales y económicas.

🔴🏘️A un día del desalojo de 19 familias y 8 comercios en el edificio de República de Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, los vecinos que siguen resguardando sus cosas en la calle piden la reinstalación en el edificio donde, aseguran, han vivido por décadas.… pic.twitter.com/NkBhytYKZR

— El Universal (@El_Universal_Mx) August 29, 2025

Un tema que analizar 

Los desalojos en Cuauhtémoc son una expresión de un problema estructural que trasciende los casos individuales. Reflejan la tensión entre el derecho de propiedad y el derecho a una vivienda digna, un dilema que enfrentan no solo Ciudad de México, sino muchas capitales latinoamericanas. La falta de políticas públicas sólidas alimenta la vulnerabilidad de miles de personas.

Si bien las autoridades insisten en que se trata de asuntos judiciales, el trasfondo es político y social. La gentrificación y la especulación inmobiliaria avanzan sin un contrapeso estatal que proteja a los sectores más frágiles. En este escenario, el riesgo es que la capital termine consolidando un modelo urbano excluyente, donde vivir en el centro sea un privilegio inaccesible para la mayoría.