Cuánto cuesta una campaña electoral en Argentina y cómo se reparte el gasto

El costo de una campaña electoral es siempre un terreno sensible en Argentina. La Cámara Nacional Electoral autorizó hasta 600 millones de pesos como tope de gasto para los frentes en las elecciones nacionales, aunque referentes políticos coinciden en que con unos 300 millones se puede sostener una campaña competitiva hasta los comicios legislativos de octubre.

El financiamiento de los partidos combina fondos públicos y privados bajo un esquema regulado por ley. El Estado nacional distribuye aportes de forma equitativa y proporcional a los votos obtenidos en la última elección, mientras que los aportes privados de personas o empresas están permitidos, pero con topes estrictos, bancarización obligatoria y prohibición de anonimato. Sin embargo, dirigentes y especialistas reconocen que hay “grises” y maniobras que permiten evadir los controles.

En la práctica, el primer gran gasto es la agencia de marketing y publicidad, que define la identidad de campaña. A esto se suman la inversión en medios digitales, cartelería, intervenciones urbanas y actos partidarios. Los recursos también se destinan a la logística del día de la elección: fiscales con viandas aseguradas, movilidad en zonas alejadas y combustible para garantizar la asistencia de votantes.

A nivel nacional, el tope surge del llamado “módulo electoral”, que se multiplica por el padrón habilitado. En Mendoza, por ejemplo, hay ocho frentes en carrera y la mayoría recibirá financiamiento estatal, aunque la ejecución real depende de la capacidad de conseguir aportes privados. El gobierno de Javier Milei intentó sin éxito derogar este esquema, bajo el argumento de eliminar privilegios, lo que reavivó la discusión sobre la ventaja que conserva el oficialismo en el uso de la gestión como plataforma electoral.

Otro eje central es el acceso a la publicidad. La Ley 26.571 prohíbe a los partidos comprar espacios en radio y TV: los medios deben ceder gratuitamente un porcentaje de su transmisión, que se distribuye por sorteo. Esto garantiza visibilidad mínima para las fuerzas más pequeñas, aunque no resuelve la brecha que marcan los recursos extraoficiales o las “donaciones en especie”, como salones, vehículos o servicios técnicos, que muchas veces quedan fuera de balance.

Los límites son claros: cada aporte privado no puede superar los 11 millones de pesos y debe quedar declarado en la plataforma oficial. Pero en los hechos, organizaciones como Cippec o Poder Ciudadano advierten que los partidos suelen registrar mucho menos de lo que realmente gastan. Esa diferencia alimenta la sospecha sobre fondos no declarados y confirma que, más allá de la normativa, la política argentina sigue financiándose con una parte a la luz y otra en la sombra.