Ajuste en pensiones: el movimiento de Spagnuolo que despierta interrogantes

En medio del escándalo por presuntas coimas en la compra de medicamentos, la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma una nueva arista crítica: el Gobierno informó, a través de la presentación de Guillermo Francos en el Congreso, que se cancelaron más de 111 mil pensiones por invalidez laboral, pero con serias irreguralidades.

La auditoría que Spagnuolo impulsó desde enero, con el objetivo de depurar un padrón que superaba el millón de beneficiarios, se basó en el envío masivo de citaciones por carta documento. Pero el método, lejos de garantizar transparencia, dejó al descubierto una falla estructural: se enviaron 997.654, de las cuales 504.802 -más de la mitad- no llegaron a destino o no fueron respondidas. En provincias como Chaco, Formosa y Misiones, el porcentaje de citaciones fallidas superó el 70%, lo que pone en duda la legitimidad de miles de bajas.

La narrativa oficial había presentado la auditoría como parte de un plan de ordenamiento administrativo, en línea con la política de recortes del Gobierno. Sin embargo, tras la filtración de audios que vinculan a Spagnuolo con maniobras irregulares en la compra de medicamentos -incluyendo menciones a repartos discrecionales entre droguerías y funcionarios-, el foco se desplazó hacia la legalidad y ética de sus decisiones.

Más allá del ruido político, el drama se vive en las oficinas de la ANDIS, donde cientos de beneficiarios se acercan cada día para reclamar por la pérdida de su única fuente de ingresos. Muchos aseguran no haber recibido ninguna notificación, y otros denuncian que fueron dados de baja sin posibilidad de defensa. El monto mensual -unos 280 mil pesos- representa para muchos la diferencia entre subsistir o caer en la indigencia.

GZ