
El exministro de Justicia y presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) Ricardo Gil Lavadra se dirigió a un grupo de matriculados que se habían dado cita para participar de un brindis organizado por la colegiatura de la abogacía porteña.
Frente a los abogados que se dieron cita en el inmueble ubicado en la avenida Corrientes al 1400, el letrado se quejó de que “casi el 35 por ciento de los cargos en materia de jueces, fiscales y defensores se encuentran vacantes, y hay 278 propuestas que retiene el Poder Ejecutivo Nacional”.
“Desde que asumió el actual presidente no se envió ni un solo pliego. Esto compromete seriamente la administración de justicia. No puede funcionar una justicia con un porcentaje de vacantes de tal magnitud” señaló, marcando distancia institucional sobre la indiferencia que exhibe el Gobierno en materia judicial.
El abogado de origen radical cuestionó duramente al Presidente: “Está incumpliendo el mandato que le confiere la Constitución en el artículo 99, inciso 4. Por esa razón, junto con la presidenta del Colegio de la Ciudad y el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, vamos a presentar un reclamo administrativo al presidente que si no es satisfecho en tiempo oportuno, vamos a demandar judicialmente que se cumpla la Constitución”.
En relación al DNU 70/2023, objeto de múltiples cuestionamientos por parte de distintos sectores, Gil Lavedra puso el foco en destacar que “Es necesario que la Corte Suprema se expida acerca de cuál es el derecho vigente y cuáles son las normas que resultan aplicables para cada caso”.
Por último, en defensa de la profesión remarcó que “los abogados y abogadas no somos los responsables de la pérdida del empleo, ni somos los responsables de la pérdida de la productividad”. La apreciación del presidente del CPACF fue en respuesta a quienes instalan que la destrucción de puestos de trabajo es producto de “la industria del juicio”.
GZ