El procesamiento del jefe de seguridad de Nordelta y la utopía de una sociedad privada

El caso Antonio Spagnuolo y su empresa ANDIS es el retrato del desmoronamiento moral de la cruzada anticorrupción. Al mismo tiempo, el procesamiento del jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, por obstaculizar un allanamiento judicial en el marco de la causas de corrupción a las que está ligado el gobierno encarnan a la perfección el problema de una sociedad exclusivamente privada. Son un atajo para criticar la utopía libertaria de un mundo sin Estado. Los countrys sirven, así, como anticipaciones de una utopía tal. 

Ariel De Vicentis es el jefe de seguridad de Nordelta, un country de elitistas calles privadas, ex agente de la Policía Federal con más de una década a cargo de la custodia del barrio. En esta causa, se lo acusa de un encubrimiento sofisticado: alertó a uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina -Jonathan Simón Kovalivker- que la Policía de la Ciudad llegaba a allanar su vivienda, lo que le permitió escapar justo antes de ser detenido. Lejos de ser algo aislado esta acción entra dentro de un “protocolo no escrito” para obstaculizar la Justicia que solo puede existir adentro de un country donde lo privado se yergue como jurisdicción alternativa.

Mensajes del celular de De Vicentis revelaban este protocolo no escrito: “No tenemos que facilitarle el camino a ninguno”. La excusa de estar de vacaciones cayó cuando quedó al descubierto un “modus operandi” bien ensayado: demorar intencionalmente a la policía para alertar a los propietarios involucrados, ignorar órdenes, frustrar procedimientos.. El juez Casanello lo procesó por desobediencia, estorbo y encubrimiento, sin prisión preventiva, con un embargo insignificante de dos millones de pesos. 

Ese episodio -la defensa descarada del espacio privado por sobre el orden público- es el espejo de una fantasía política libertaria: la utopía donde los ricos deciden, los muros protegen, el Estado sobra. En los barrios privados cerrados de Argentina, ese modelo está materializado. No hay tránsito público; hay derecho de admisión. No hay autoridad estatal cercana; hay reglamentos internos. Ya no se trata de compartir espacios públicos, sino de fragmentarlas en micropaíses de elite donde las normas del Estado nacional no ingresan si no pagan expensas o tienen acceso autorizado.

Esa lógica es la misma que intenta instalar Javier Milei en el plano político. Cuando habla de un Estado innecesario, no apunta a achicar la burocracia, apunta a delegar la ciudad entera al mercado. Su ilusión no es una rémora legislativa; es abolir la política común, sustituirla por consorcios privados y ciudadanos seleccionados. Sus países (como tropo lingüístico) no son urbanizaciones; son islas de privilegio sobre un mar público.

Por eso este caso no es anecdótico: anticipa ese mundo dividido, donde la justicia es una opción y la impunidad una frontera. El procesamiento del jefe de seguridad de Nordelta, más que escándalo, es una advertencia: la Argentina ya no resiste más la frontera de los privilegios. Y mientras esa frontera crece, se nos escapa la noción de República compartida.