
La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció su primer informe de gobierno desde Palacio Nacional, en medio de una aprobación que ronda el 79% y con el reto de consolidar su proyecto frente a una oposición debilitada. La expectación no solo se centró en su mensaje, sino también en el arranque de un Congreso con mayoría oficialista y la atención puesta en la agenda de reformas.
En paralelo, el país atestiguó la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial, incluidos los ministros de la Suprema Corte, elegidos por primera vez a través del voto popular. El acto, acompañado de una ceremonia de entrega de bastones de mando en Cuicuilco, fue presentado como un símbolo de cercanía con los pueblos originarios y un parteaguas en la historia institucional mexicana.
Sheinbaum utilizó el escenario para remarcar la continuidad de los programas sociales, la política de seguridad y los proyectos de infraestructura. También subrayó que el combate a la extorsión será prioridad legislativa, al igual que la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas. Su tono buscó mostrar firmeza, pero también convocar a la unidad frente a desafíos de seguridad y de gobernabilidad.
El discurso incluyó señales hacia el sector privado y la comunidad internacional, con promesas de disciplina fiscal y de impulso al nearshoring. No obstante, la presidenta insistió en que el Estado mantendrá un papel central en la conducción económica, defendiendo la desaparición de organismos autónomos criticados por parte del empresariado.
El nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, declaró que México tendrá una “Corte distinta”, orientada al servicio directo de la ciudadanía. Junto a figuras como Lenia Batres, María Estela Ríos e Irving Espinosa, el nuevo pleno prometió un cambio en la manera de impartir justicia, aunque las dudas sobre la independencia frente al Ejecutivo persisten.
La reforma judicial permitió que 881 cargos fueran elegidos por sufragio, un hecho inédito en el mundo. Sin embargo, la baja participación ciudadana, cercana al 13%, y el 16% de votos nulos han abierto un debate sobre la legitimidad del proceso. Sectores críticos, encabezados por el PRI y organismos empresariales, denuncian un intento de control político.
El Partido Revolucionario Institucional anunció su boicot a la investidura, calificándola como una “farsa”. Con ello, buscó marcar distancia frente a lo que considera una captura del Poder Judicial por parte del oficialismo. La presidenta, en contraste, asistió a la ceremonia y reforzó la imagen de un Ejecutivo en sintonía con el nuevo órgano judicial.
La COPARMEX, principal agrupación empresarial, reconoció avances en seguridad y en la negociación con Estados Unidos, pero advirtió que las reformas judiciales y la desaparición de autónomos representan retrocesos graves para el Estado de derecho. Su posicionamiento revela que el respaldo privado al gobierno será condicionado.
El Congreso inició su periodo ordinario con la discusión del paquete económico 2026, que definirá la hoja de ruta fiscal y de inversión pública. El oficialismo buscará aprobarlo sin mayores contratiempos, gracias a sus mayorías, aunque la reacción de los mercados marcará el pulso en las próximas semanas.
Otra prioridad será la ofensiva legal contra la extorsión, delito que golpea al comercio, al transporte y a millones de familias. Las reformas planteadas pretenden dar herramientas más firmes a las fiscalías y ofrecer mecanismos de protección a víctimas y pequeños negocios, un tema con alta presión social.
La ceremonia en Cuicuilco con bastones de mando generó lecturas encontradas. Para el oficialismo, representó un gesto de legitimidad y vínculo cultural con los pueblos indígenas; para la oposición, fue un recurso simbólico que refuerza la narrativa presidencialista. Este contraste refleja la pugna entre la intención de mostrar cercanía y las sospechas de un uso político de los rituales.
El lema de una “Corte distinta” servirá de brújula para la nueva etapa del Poder Judicial. Sin embargo, su capacidad de decisión en casos sensibles —energía, seguridad, elecciones— será la verdadera prueba de independencia. Lo que se defina en esas resoluciones marcará la confianza de la ciudadanía y de los actores económicos.
Primer Informe de Gobierno. Palacio Nacional https://t.co/M6GN1wDadm
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 1, 2025
La jornada dejó en claro que México transita hacia un rediseño de sus instituciones, con un Ejecutivo fortalecido y un Poder Judicial renovado bajo el voto popular. El reto será demostrar que este modelo puede garantizar justicia imparcial y eficiencia, sin caer en la subordinación política.
El alto respaldo ciudadano a Sheinbaum le da margen para impulsar su agenda, pero el equilibrio dependerá de cómo responda a las críticas internas y externas. El desenlace no solo impactará en la gobernabilidad inmediata, sino también en la credibilidad del sistema democrático mexicano.