Campaña polarizada
07/09/2025 - Edición Nº943
Internacionales
Sanción definitiva
Crisis en Colombia: la sanción que destierra a un excanciller
02/09/2025 | El excanciller colombiano queda fuera de la vida pública tras la ratificación de su destitución por el caso de la licitación de pasaportes.
Álvaro Leyva.
La Procuraduría General de la Nación de Colombia confirmó en segunda instancia la destitución y la inhabilidad general por 10 años contra el excanciller Álvaro Leyva Durán. La decisión, emitida el 2 de septiembre de 2025, deja sin opciones administrativas al histórico dirigente conservador, de 83 años, quien queda excluido de cualquier cargo público o de elección popular durante una década. El fallo se centra en las irregularidades cometidas en la licitación de los pasaportes, un proceso que desencadenó una crisis institucional en la Cancillería.
Con esta determinación, la carrera pública de Leyva queda prácticamente cerrada. Aunque le queda abierta la vía contencioso-administrativa para demandar el fallo ante el Consejo de Estado, dicho proceso no suspende de manera automática la sanción y podría tardar varios años en resolverse. El episodio marca un hito en la relación entre los órganos de control y los altos funcionarios, y reaviva el debate sobre el alcance del poder disciplinario en Colombia.
El origen del caso pasaportes
El conflicto comenzó en septiembre de 2023, cuando Leyva, siendo canciller, declaró desierta la licitación 001 de 2023 para la expedición de pasaportes, cuyo valor rondaba los 600.000 millones de pesos colombianos. La Procuraduría concluyó que el único oferente cumplía con los requisitos, por lo que su decisión careció de fundamento legal. Posteriormente, la Cancillería invocó la figura de urgencia manifiesta para mantener el servicio, lo que provocó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
La falta fue catalogada como gravísima y cometida a título de dolo, pues se consideró que Leyva actuó con intención de desconocer los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la contratación pública. La crisis derivó en su suspensión provisional a comienzos de 2024 y en un progresivo distanciamiento con el presidente Gustavo Petro, a quien acusó públicamente de presiones indebidas, aunque luego matizó esas declaraciones.
Consecuencias inmediatas
La ratificación de la sanción significa que Leyva no podrá ocupar cargos públicos ni aspirar a elecciones hasta 2035. Se trata de una inhabilidad de carácter general, que abarca no solo cargos de elección popular, sino también cualquier función en la administración estatal. Este golpe político se suma a la pérdida de influencia que ya venía experimentando desde su salida de la Cancillería en 2024.
El fallo también refuerza la potestad de la Procuraduría en casos de alto perfil, mostrando que las decisiones disciplinarias pueden modificar de manera drástica el tablero político. La sanción llega en un momento sensible para el Gobierno, que intenta reestructurar la política de pasaportes tras años de litigios y con el desafío de garantizar la continuidad del servicio sin sobresaltos.
Repercusiones políticas
El desenlace tiene un fuerte componente simbólico. Leyva, reconocido por su papel en procesos de paz y su cercanía inicial con el actual Gobierno, se convirtió en un crítico incómodo tras su salida del gabinete. Su caída política representa, para algunos, un ejemplo de rendición de cuentas, mientras que otros advierten un posible uso político de los órganos de control en un contexto de polarización.
El Gobierno de Petro, que al principio respaldó a Leyva, tomó distancia progresivamente. Con la sanción ya en firme, busca consolidar su narrativa de disciplina institucional y pasar la página de un caso que puso en entredicho la gestión diplomática de 2023 y 2024. Para la oposición, en cambio, el fallo es un recordatorio de las fracturas internas que acompañaron la administración del excanciller.
Impacto en la contratación pública
Más allá de las consecuencias individuales, el caso establece un precedente sobre los riesgos de declarar desiertas las licitaciones sin un sustento sólido. La Procuraduría subrayó que la falta de motivación suficiente en una decisión de esta magnitud puede vulnerar la selección objetiva y abrir la puerta a cuestionamientos de legalidad y legitimidad.
Este episodio eleva las exigencias para futuros procesos contractuales sensibles, como los relacionados con documentos de viaje y sistemas de identificación. Los operadores jurídicos y administrativos deberán reforzar sus justificaciones y garantizar una trazabilidad clara en cada paso para evitar sanciones similares.
#PrimiciaRCN | Procuraduría confirma, en segunda instancia, destitución e inhabilidad por 10 años del excanciller Álvaro Leyva por su participación en el tema de los pasaportes. pic.twitter.com/hp8sArGw13
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 2, 2025
Un triste final
La confirmación de la sanción contra Álvaro Leyva pone en evidencia la fragilidad de las trayectorias políticas cuando se ven comprometidas por decisiones administrativas cuestionables. El caso pasaportes no solo clausura la carrera de un veterano de la política, sino que se erige en advertencia para los funcionarios que pretendan actuar al margen de la normatividad contractual.
El desenlace también tiene implicaciones en el equilibrio institucional colombiano. Mientras algunos celebran la firmeza de los órganos de control, otros recuerdan que el debate sobre la compatibilidad de estas sanciones con estándares internacionales sigue abierto. En cualquier caso, el episodio deja claro que la política en Colombia se encuentra cada vez más atravesada por las reglas de la contratación pública y por la vigilancia de quienes deben garantizar su cumplimiento.
