
La Corte Suprema de Brasil entró esta semana en la fase decisiva del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de haber promovido un supuesto intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. Aunque la fiscalía lo señala como líder de una “organización criminal” destinada a quebrar el orden democrático, para sus seguidores el proceso carece de legitimidad y responde a un uso político del sistema judicial.
El tribunal, presidido por el juez Alexandre de Moraes, ha sido cuestionado por sectores que denuncian un exceso de poder. Los críticos sostienen que se busca dar un castigo ejemplar a Bolsonaro no tanto por pruebas concluyentes, sino por la necesidad de enviar un mensaje de control. El hecho de que el proceso se desarrolle bajo fuertes presiones internacionales, incluyendo la hostilidad de Donald Trump hacia la Corte, alimenta la percepción de que el juicio se ha convertido en un campo de batalla geopolítico.
Pese a los cargos, Bolsonaro sigue siendo una de las figuras políticas más influyentes del país. Encuestas recientes muestran que mantiene un núcleo duro de votantes convencidos de que el proceso busca inhabilitarlo de cara a las elecciones de 2026. Para estos sectores, el juicio es la culminación de un intento sistemático de reducir la oposición a Lula da Silva y consolidar un poder judicial sin contrapesos.
Los defensores del exmandatario insisten en que nunca existieron pruebas de un plan armado para derrocar al gobierno. Por el contrario, destacan que Bolsonaro llamó a la calma en varias ocasiones tras las elecciones y que las manifestaciones de sus seguidores, aunque masivas, no se tradujeron en acciones armadas coordinadas. Bajo esta óptica, el proceso judicial representa una criminalización del disenso político.
El juicio no ocurre en un vacío. La postura de Estados Unidos, donde el presidente Trump denunció una “cacería de brujas” y sancionó a magistrados brasileños, ha tensado aún más el escenario. Analistas advierten que, en lugar de fortalecer la institucionalidad, la presión externa podría terminar validando la narrativa de Bolsonaro de que es víctima de una persecución global.
La transmisión en vivo de las audiencias, seguida por millones, refleja el interés de la sociedad en un proceso que muchos ven como un referéndum sobre la democracia brasileña. Sin embargo, también revela la polarización creciente entre quienes exigen una condena ejemplar y quienes consideran que el expresidente enfrenta un juicio político disfrazado de justicia.
O crime de Bolsonaro foi ter despertado o povo Brasileiro, o Sistema não suporta isso! pic.twitter.com/mssoyGcls2
— RT do Brasil (@RTdoBrasil) September 2, 2025
El desenlace del juicio a Bolsonaro marcará un hito en la historia reciente de Brasil. Probabilidad del 70% de que la Corte avance hacia una condena con penas significativas. Sin embargo, el costo político podría ser alto: un 60% de riesgo de radicalización social si amplios sectores perciben que la justicia fue instrumentalizada para eliminar a un adversario.
Más allá del veredicto, el caso Bolsonaro expone una verdad incómoda: cuando la política invade a la justicia, la frontera entre legalidad y persecución se vuelve difusa. Y esa es una herida que podría acompañar a Brasil mucho más allá de este juicio.