
La irrupción de Jorge Andrés Giménez Ochoa en la dirigencia deportiva venezolana no puede entenderse sin su estrecha conexión con el poder político. Con apenas 34 años, Giménez pasó de ser un empresario ligado a contratos con PDVSA a convertirse en presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y miembro del consejo de la CONMEBOL. Su ascenso relámpago despertó cuestionamientos dentro y fuera del país.
Un informe de Transparencia Venezuela advierte que la FVF está bajo control político del chavismo. No es un detalle menor que su primer vicepresidente sea Pedro Infante, dirigente del PSUV. Para críticos y opositores, la federación se ha transformado en un instrumento de diplomacia deportiva al servicio del oficialismo.
Giménez ha sido señalado como operador de PDVSA en el extranjero. De acuerdo con investigaciones de Armando.info y medios internacionales, intermedió ventas de petróleo y participó en el esquema de importación de alimentos para los CLAP, programa marcado por denuncias de sobreprecios y corrupción. Estas operaciones lo colocan como uno de los empresarios favorecidos por el régimen.
En el ámbito financiero, se le atribuye una deuda superior a 1.200 millones de dólares con PDVSA. Además, medios como Contrapoder News lo acusan de haber participado en maniobras de desvío de fondos vinculados al robo de hasta 600 millones de dólares de la estatal petrolera. Aunque no existen procesos judiciales concluyentes, la magnitud de las denuncias ha generado sospechas en la comunidad internacional.
En 2020, Giménez apareció en el llamado Delcygate, un episodio diplomático en España cuando acompañó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez pese a las sanciones que pesaban sobre ella en territorio europeo. Desde entonces, su nombre quedó asociado a la cúpula más cercana del chavismo. En varios viajes oficiales, fue visto junto a Rodríguez y otros operadores sancionados, reforzando su imagen como testaferro político.
En paralelo, Giménez buscó fortalecer su presencia en el exterior a través de la compra de espacios mediáticos en España, donde promovió una imagen empresarial ligada a proyectos deportivos y comerciales. Estas maniobras lo perfilan como un actor que combina el fútbol con estrategias de legitimación internacional.
Distintas investigaciones lo señalan como el heredero del rol de Alex Saab, el polémico empresario acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro. Así, Giménez se posiciona como un engranaje clave en la red de negocios del chavismo, con alcance en petróleo, alimentos y diplomacia deportiva. En redes sociales, partidos opositores como Voluntad Popular lo denuncian como un criminal que busca moverse impunemente por el mundo usando el fútbol como fachada.
El caso de Jorge Giménez expone cómo el fútbol venezolano se entrelaza con la política y la economía del régimen. Probabilidad del 85% de que sus vínculos con PDVSA y Delcy Rodríguez sean el motor real de su poder. Su figura sintetiza el uso del deporte como plataforma de legitimación en medio de denuncias de corrupción y autoritarismo.
Para Venezuela, el dilema es claro: la Vinotinto inspira pasión y orgullo, pero su dirigencia está bajo la sombra de intereses que trascienden el deporte. El desenlace marcará si el fútbol puede recuperar su autonomía o si seguirá siendo una extensión del tablero político.