
El Senado sesionará este jueves desde las 11 para votar, en potencial, dos iniciativas: por un lado, el posible rechazo al veto presidencial que frenaba la ley de emergencia en discapacidad; por otro, la discusión de un proyecto que busca regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Si se aprueba el rechazo al veto, la ley de emergencia en discapacidad podría permanecer vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
La normativa prevé actualizar prestaciones y asignaciones desde 2023, con un impacto estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI, y establece que las contribuciones por invalidez equivaldrían al 70% del haber mínimo jubilatorio, permitiendo trabajar hasta un límite de dos salarios mínimos.
En paralelo, el Senado debatirá el proyecto que regula los DNU, diseñado para limitar la utilización de esta herramienta presidencial.
La iniciativa establece que, si un DNU no es aprobado por ambas cámaras en 90 días, se considerará derogado, conservando únicamente los derechos adquiridos durante su vigencia.